El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Navalcarnero ha abierto diligencias previas para investigar la actuación de los ayuntamientos de Arroyomolinos, Navalcarnero y Móstoles, así como de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
El objetivo es esclarecer su presunta inacción ante la proliferación de vertidos y asentamientos ilegales en el cauce del río Guadarrama. La jueza ha citado a declarar como investigados para el próximo 17 de diciembre a distintos alcaldes y ex altos cargos que ostentaron competencias municipales en estas áreas entre los años 2021 y 2023.
Entre los responsables políticos llamados a testificar figuran la exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicesecretaria del Partido Popular en Madrid, Ana Millán; el actual alcalde de este mismo municipio, Luis Quiroga (PP); y el regidor de Navalcarnero, José Luis Adell (PSOE). Por su parte, la investigación en el Ayuntamiento de Móstoles afecta directamente al periodo del anterior Gobierno municipal, liderado por la socialista Noelia Posse, según la providencia adelantada por la Cadena SER y a la que ha tenido acceso EFE.
Sin embargo, en el caso de Móstoles (en 2020 anunció que iba a limitar el acceso al río Guadarrama en los tramos de vertidos ilegales), la magistrada ha citado por el momento únicamente a dos técnicos municipales. Esta decisión se produce después de que el Consistorio mostoleño no haya aportado todavía el organigrama completo solicitado. A través de una providencia, la jueza ha reiterado la petición a esta administración para que identifique formalmente a la persona que ocupó la Alcaldía durante esos dos años, así como a quienes dirigieron las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente.
De igual forma, el juzgado ha requerido de nuevo a la CHT, dependiende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que facilite la identidad de su director y del personal técnico encargado de supervisar la calidad de las aguas y los cauces públicos en el periodo investigado. Este procedimiento parte de una denuncia interpuesta inicialmente por Víctor Manuel López, exalcalde de Batres, quien alertó del grave y progresivo deterioro del río.
A raíz de esta advertencia, la Fiscalía solicitó la apertura de diligencias para indagar sobre posibles delitos derivados de vertidos incontrolados de aguas residuales, acumulación de basuras y escombros, ocupaciones del dominio público hidráulico y construcciones irregulares en suelo protegido. Las pesquisas se centran en enclaves conflictivos como Las Sabinas y la Ribera de San Pedro. Aunque el ministerio público admite que hubo intervenciones administrativas, pide evaluar si las autoridades implicadas adoptaron medidas de vigilancia y sanción realmente suficientes para restituir la legalidad.
En 2021 la CHT retiró del río Guadarrama cerca de 3.000 toneladas de restos de construcción, 110 de neumáticos y siete coches, tal y como contó Villaviciosadigital en esta noticia.
