Les acusan de «poner trabas e impedimentos técnicos y jurídicos» en asuntos relacionados con los agentes, como consecuencia de una reclamación sindical para que hubiese en 2014 una subida salarial para todos los empleados y no sólo para funcionarios de habilitación nacional.
Las secciones sindicales con representación en la Policía Local de Villaviciosa de Odón, CSIF, FeSp-UGT, UPM, CPPM y CSIT, han mostrado en un comunicado su malestar con el secretario del Ayuntamiento villaodonense, Manuel Paz, y la interventora, Ruth Porta, a los que reclaman un «un trato justo» y les acusan de «poner trabas e impedimentos técnicos y jurídicos».
Según denuncian, el secretario y la interventora, funcionarios de habilitación nacional, «vieron incrementadas sus retribuciones en 13.000 euros/año para cada uno de ellos en el año 2014». Afirman que en «plena crisis económica solicitaron un incremento retributivo, firmando la petición la actual interventora» y realizaron un «procedimiento ágil y sin encontrar reparo alguno ni informe desfavorable», algo que debe interponer la propia Porta.
En opinión de los sindicatos «se trató de una subida salarial que no llevaba aparejado ningún incremento de funciones, jornada ni modificación horaria», por lo que les exigieron «debería llevarse a cabo una revisión salarial global para el resto de empleados, siguiendo idéntico procedimiento puesto que no existían ningún informe desfavorable ni reparos, de modo que los conserjes, auxiliares, administrativos, policías, etc». El objetivo sindical es que «no que existan privilegios exclusivamente reservados para dichos funcionarios», a los que consideran «los mejor pagados del Ayuntamiento», con «aproximadamente unos 90.000 euros anuales».
«Trabas e impedimientos»
Los sindicatos denuncian que «a partir de aquel momento han sido constantes las trabas e impedimentos técnicos y jurídicos que en sus informes plasman dichos funcionarios para encontrar soluciones a las distintas problemáticas que existen en asuntos que afectan a la Policía Local».
Les acusan de firmar unos informes («en algunos casos con corta y pega», según los sindicatos) que han servido de base jurídica para que el Consistorio recurriese en apelación a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Madrid, que estimó el recurso contencioso interpuesto por un policía del Ayuntamiento solicitando reconocimiento de su derecho a la reclasificación profesional dentro del subgrupo de titulación C1, por aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 1/2018 de 22 de febrero de Policías Locales de la Comunidad de Madrid (aprobada por el PP). Este procedimiento legal ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, que el pasado 29 de abril admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución Española. Concretamente, si es conforme a la Carta Magna lo relativo al incremento retributivo como consecuencia de la reclasificación de los policías locales regionales.
Asimismo, denunciaron el pasado mes de mayo ante el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que el equipo de Gobierno de Villaviciosa de Odón (también del PP) no está cumpliendo la norma de 2018 y le entregaron una carta dirigida a la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso.
También apuntan a que un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid dictado el pasado 21 de mayo requirió al alcalde, Raúl Martín Galán para que en 30 días «proceda al estricto cumplimiento» de la resolución judicial de 15 de octubre de 2020 que reconocía la reclasificación y por tanto, la subida salarial aprobada en la norma de 2018, pese a que el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón solicitó la suspensión de ejecución de la sentencia del pasado año «hasta que se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad». En ese fallo del pasado mes, recordaba que la resolución de 2020 ha adquirido firmeza y reconoce el derecho a la integración en subgrupo de clasificación C1 con todos los efectos inherentes a tal reconocimiento, con efectos retroactivos a la fecha de entrada en vigor de la norma de 1 de abril de 2018, más los intereses legales». De no ejecutarlo, realiza al regidor un «apercibimiento» personal con una multa de 1.500 € «que será reiterada cada 20 días hasta el total cumplimiento de lo requerido».
CSIF, FeSp-UGT, UPM, CPPM y CSIT se concentraron el pasado lunes frente al Ayuntamiento a la misma hora que tuvo lugar el Pleno ordinario de mayo y anuncian un «programa de movilizaciones» para la ejecución de la norma recurrida.
Finalmente, en relación a la cuestión de inconstitucionalidad, considera que si el TC adopta alguna decisión que modifique la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales que implique realizar alguna adaptación «como es obvio, se deberá llevar a cabo», pero exigen «hacerlo del mismo modo que lo hagan el resto de policías locales de la Comunidad de Madrid a los que afecta dicha norma autonómica».
SIL
