La Asociación de Trabajadores Autónomos ha enviado a los partidos políticos una propuesta con 10 compromisos para el colectivo, entre ellos ampliar las bonificaciones, flexibilizar la jubilación activa, establecer un IVA franquiciado y reducir las cargas administrativas.
El texto parte de un diagnóstico marcado por la fragmentación normativa, el incremento de las cotizaciones y las dificultades de los trabajadores por cuenta propia para afrontar las transiciones digital y ecológica. Según los datos recogidos en el documento, el 63,2 por ciento del colectivo ingresa menos que el salario mínimo interprofesional (SMI).
La propuesta defiende una reforma que abarque los ámbitos fiscal, administrativo, tributario, laboral, jurídico y de Seguridad Social, con el objetivo de facilitar la creación de negocios, favorecer su crecimiento y mejorar la protección de quienes trabajan por cuenta propia.
Cuota cero para nuevos autónomos
Entre las principales medidas figura una tarifa cero durante los dos primeros años para quienes inicien una actividad por cuenta propia. El documento plantea ampliar esta bonificación a tres años para determinados colectivos, entre ellos los menores de 30 años, las mujeres que retomen su actividad tras la maternidad y quienes tengan ingresos inferiores al SMI.
También propone una tarifa de 30 euros mensuales para los menores de 30 años que compatibilicen estudios reglados o formación profesional con su negocio durante el ciclo formativo.
Para los autónomos con rendimientos inferiores al salario mínimo, el plan contempla bonificaciones durante dos años del 75%, el 35% y el 15%, en función del tramo de ingresos. Estas ayudas correrían a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y estarían condicionadas al mantenimiento del alta y al ejercicio habitual de la actividad.
Más protección social y conciliación
El documento plantea modificar las condiciones de acceso a la prestación por cese de actividad. En los temporales, propone reducir al 50% la caída de ingresos que debe acreditarse en todos los casos y facilitar el reconocimiento del cese definitivo cuando se produzca el cierre efectivo del negocio.
Asimismo, propone extender a los autónomos el acceso al subsidio para mayores de 52 años una vez agotada la prestación por cese de actividad.
En materia de conciliación, las medidas incluyen bonificar la contratación y formación de una persona sustituta durante el último trimestre del embarazo, ampliar en dos semanas el descanso por nacimiento mediante un permiso de lactancia y permitir una reincorporación laboral flexible a partir de la séptima semana, con ampliaciones para familias monoparentales.
También propone bonificar al 100% la cuota durante las enfermedades graves desde el primer día y facilitar la vuelta progresiva o intermitente a la actividad en caso de enfermedades graves o crónicas, con aval médico.
Cotizaciones, jubilación y fiscalidad
Otro de los ejes es la cotización por ingresos reales. El documento propone evitar subidas de cuotas predeterminadas hasta 2030 y que las bases y cotizaciones se fijen anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, previo acuerdo en el diálogo social y con las organizaciones de autónomos.
Además, plantea aumentar las deducciones por gastos de difícil justificación y adelantar al 31 de diciembre la devolución de los excesos de cotización, frente al 31 de mayo del año siguiente que recoge como referencia actual.
En jubilación activa, el plan propone que los autónomos sin empleados puedan incrementar progresivamente la parte de la pensión compatible con el trabajo hasta alcanzar el 100% en el cuarto año. Para quienes tengan al menos un empleado, socio o colaborador, plantea compatibilizar el 100% de la pensión desde el primer día y eliminar el año de espera.
En materia fiscal, una de las propuestas destacadas es implantar un régimen de IVA franquiciado voluntario para autónomos personas físicas con una facturación inferior a 85.000 euros anuales en operaciones nacionales y a 100.000 euros en el ámbito transnacional. El sistema permitiría prescindir del IVA y presentar una única declaración anual, según el documento, una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez debía haber puesto en marcha el 1 de enero de 2025 para el primer colectivo, pero no lo ha hecho, motivo por el que la Comisión Europea denunció el pasado marzo al Ejecutivo español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal y como contó en Villaviciosadigital en esta noticia.
El texto también propone considerar deducible el 50% de determinados gastos vinculados a la actividad, como vehículos, carburante, suministros y manutención, tanto en IVA como en IRPF, sin necesidad de justificar cada uno individualmente, salvo que se pretenda deducir una cantidad superior.
Menos burocracia y segunda oportunidad
La reforma incluye medidas para facilitar la continuidad de los negocios y su recuperación tras una crisis. Entre ellas figuran la exoneración de al menos el 70% de la deuda principal con las administraciones públicas, la eliminación de recargos e intereses de demora y la creación de una red de alerta temprana para prevenir situaciones de insolvencia.
Para reducir la carga administrativa, propone una ventanilla única digital con documentación, ayudas y datos compartidos entre administraciones, así como un sistema de silencio administrativo positivo como regla general, salvo excepciones justificadas.
El documento contempla, además, un primer aviso sin sanción para determinados errores administrativos, límites horarios para las notificaciones electrónicas y una mayor coordinación de los criterios aplicados por las distintas administraciones.
Las medidas se presentan como propuestas de reforma y no como cambios normativos ya aprobados. Su eventual aplicación dependería de su desarrollo legislativo y de las decisiones que se adopten en los ámbitos competentes.
