Los sobrinos de la duquesa de Alba pierden la batalla judicial por un terreno en Boadilla del Monte

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el duque de Berwick, Jacobo Hernando Fitz-James Stuart Gómez, y sus hermanos Carmen, María y Luis Esteban, que pretendían recalificar una parte de una parcela en la finca Romanillos, algo que se fraguó en 2001 en un acuerdo con el exalcalde Arturo González Panero, implicado en la trama Gürtel y que fue anulado por los tribunales.

Según una información de El Confidencial de la que se hace eco esta web, esta decisión judicial implica que han perdido 20 millones de euros al no poderse llevar a cabo una operación con la que los sobrinos de la duquesa de Alba pretendían construir 76 viviendas unifamiliares de 400 metros cuadrados en parte de una parcela de 994 hectáreas en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Boadilla del Monte es la mayor propietaria de un terreno del que otra parte pertenece a Majadahonda y linda con la urbanización Las Lomas.

Con esta resolución, el TSJM da luz verde al Plan de Reordenación Urbana de Boadilla de 2015, que fue aprobado por el actual alcalde, Antonio González Terol. No obstante, los Fitz-James Stuart tienen 30 días para presentar recurso de casación.

La finca en cuestión cuenta con un alto valor medioambiental (hay caza mayor) e incluso arqueológico, ya que en ella se encuentra varios yacimientos. Sin embargo, los sobrinos de la duquesa de Alba pretendía quitarle la protección y hacerla  “espacio de transición” urbanizable o urbana, para así proceder a la construcción de esas viviendas con la gestión de su empresa Romanillos S.A., que es la que gestiona ahora el terreno.

Los Fitz-James Stuart reiteraron que la parcela “está perfectamente inscrita en el Registro de la Propiedad y esto incluye los caminos de servicio de la finca, en pleno dominio y libre de cargas”. Lamentaron que mucha gente que vive cerca acceda a la misma y hablan de “intrusismo” y solicitaron permiso para vallarla, algo que, afirman, se concedió, por lo que procedieron a cerrarla. Esto provocó protestas de los vecinos, de la Asociación de Amigos de los Caminos de Majadahonda, y de los consistorios boadillense y majariego, quienes interpusieron una querella por usurpar una propiedad pública, que desestimó en diciembre de 2015 la Audiencia Provincial.

No obstante, el juzgado de instrucción número 1 de Majadahonda ordenó, como medida cautelar, el desalojo y puesta a disposición de esos Ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid de los viarios

El Ayuntamiento de Boadilla tiene pendiente otro litigio por la titularidad de los caminos que atraviesan la finca.

Foto:Madridciudadaniaypatrimonio

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