El Ministerio de Justicia lo puso en marcha el pasado 31 de marzo para aliviar la saturación del partido judicial de Móstoles, competente en asuntos de Boadilla del Monte, Brunete, Móstoles, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón, pero también todos los civiles de España relativos al Banco Santander.
Desde hace algo menos de un año está operativo un nuevo juzgado en el partido judicial de Móstoles. Se trata del de Primera Instancia número 9 (calle Sevilla 15, local A) aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2022, tal y como informó Villaviciosadigital en esta noticia.
Desde el 31 de marzo del pasado año y hasta el día 11 de enero, ha tenido un ingreso de 1.983 asuntos ordinarios, más 55 procedimientos de ejecución de títulos no judiciales, «en sintonía» con la media de expedientes que asume esta jurisdicción en el partido judicial, han valorado a este periódico fuentes judiciales de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a los asuntos pendientes a finales de 2023, ascendieron a 861, «unas razonables cifras de resolución». No obstante, «es una carga de trabajo prácticamente inasumible», han recalcado.
El juez Decano en funciones, Francisco José López Ortega (que en 2022 denunció la situación en esta entrevista en pódcast con este periódico), en su informe firmado el 9 de marzo de 2023 (página 255), incorporado a la Memoria Anual de 2022, el último publicado, reiteró una petición que llevan realizando al Ministerio desde 2011: la ampliación de la plantilla del Decanato (al menos cuatro personas más) para una óptima atención a los 24 juzgados que ese año integraban el partido judicial de Móstoles (al que hay que sumar el de Primera Instancia número 9). En este sentido apunta a que no hay sustituciones de personal de auxilio y gestión procesal cuando hay bajas y el trabajo lo tienen que asumir otros compañeros «generándose múltiples disfunciones».
El magistrado recordó que el de Móstoles es el partido judicial más grande de los de la periferia en la Comunidad de Madrid, mayor incluso que el de otras provincias de España.
Personal e interinos cualificados
También solicitó más personal en lo que se denomina planta judicial, debido a la «excesiva carga de trabajo en todos los órdenes jurisdiccionales, lo que provoca retrasos de dos años en señalamientos (hasta 2018 era de entre dos y cuatro meses en el caso de los civiles). La sobrecarga es del 187,62% en lo Social; 264,44% en los de Primera Instancia, que atienden miles de demandas del Banco Santander (la sede de la entidad está en Boadilla del Monte) procedentes de toda España; del 106,61% en Familia; en los Penales no existe carga; de Instrucción, entre el 220 y el 250%; Violencia sobre la Mujer, el 107%, aunque según López «apenas se aprecia».
Asimismo, reclama la sustituciones mediante la «reactivación de la bolsa de interinos con suficiente experiencia y formación». Y denuncia la «inaceptable falta de cobertura inmediata de plazas».
Sede saturada
Otro de las quejas es la saturación de la sede central actual de los juzgados de Móstoles, ubicada en la calle Luis Jiménez de Asúa S/N, «ocupada a mucho más del cien por cien de su capacidad, exprimiéndose los espacios en contra del confort de usuarios y trabajadores, e incluso de las medidas de prevención de riesgos laborales», apunta. En este punto hay que recordar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid todavía no ha comenzado a construir la nueva sede (número 44 de la calle Nueva York), anunciada desde 2020 y sin fecha de inicio de las obras.
Finalmente reitera, entre otros aspectos, la «falta de material», «la falta de limpieza e higiene», la ausencia de revisiones de las instalaciones eléctricas y de suministro de agua; los fallos en la climatización; «el inadecuado funcionamiento de las alarmas antincendios»; la falta de previsión de planes de evacuación en caso de emergencia».
ARC
