No, no es una inocentada. Así lo han contado a Villaviciosadigital y alegan sobre todo como causa el volumen de expedientes abiertos en toda España relacionados con el Banco Santander y el extinto Banco Popular.
«Hacemos lo que podemos, pero estamos totalmente hundidos» en expedientes atrasados desde hace años, han contado con tono de desesperación algunos funcionarios de la jurisdicción Civil. Y es que, las causas de toda España relacionadas con el Banco Santander (cuya sede se encuentra en término municipal de Boadilla del Monte, perteneciente al partido judicial de Móstoles) han colapsado uno juzgados que hasta hace unos años funcionaban «más o menos bien».
Eso mismo ha corroborado una procuradora habitual en las dependencias judiciales mostoleñas que ha preferido mantener el anonimato. «Todas las instancias de Móstoles se han colapsado porque tienen la competencia de las demandas de toda España del Banco Santander».
Reconoce la labor de los funcionarios ante el «caos actual», ya que «están trabajando hasta por las tardes, pero no dan más de sí», ha recalcado. Además, ha apuntado a otra causa: «deserción» en las filas de este colectivo «que están buscando mejores destinos». En su opinión, «hasta que las altas esferas no modifiquen ese tema respecto a la competencia, creando juzgados específicos para estos asuntos, vamos a seguir pagando justos por pecadores como dice el refrán».
hay un problema de organización con algunos jueces y falta de personal
Finalmente, ha incidido en que esta situación que perjudica a miles de personas no sólo de localidades de la Comunidad de Madrid, sino de toda España, es conocida por todos los que trabajan en estos juzgados. Ejemplo de ello es el abogado Ernesto Cabello San Román, quien ha destacado que los más afectados son el número 3 de Instrucción, el 7 de Primera Instancia y el de Familia «con asuntos con menores». En su opinión, además de la carga por los asuntos relacionados con la entidad financiera, «hay un problema de organización con algunos jueces» y «falta de personal».
Al parecer el planteamiento de alguno de los jueces es dar fechas de las vistas relacionadas con las acciones de los dos bancos para el 2024 y 2025 e intentar sacar los que están pendientes de años anteriores. «A mí, por una extinción de condominio, de una audiencia previa a una fecha de vista me han tardado un año y medio», ha contado.
En los relativos a Familia llegan al extremo de niños y jóvenes que han acabado en centros de menores porque «no hay medidas», solicitan la ejecución pero «no tienes respuesta del juzgado» y en un tema así «es grave», ha subrayado. ¿La causa? «Entiendo que los anteriores magistrados no supieron organizar bien su equipo, pero ha entrado hace poco una jueza nueva que sí está sacando mucho trabajo, a esto se suma la falta de personal». Sobre este último aspecto ha reconocido que a los funcionarios no les interesan las plazas en Móstoles: «es un juzgado con muchos marrones y cuando los opositores van a entrar el el cuerpo de Justicia se les dice que huyan de ellos, sobre todo del 7 y del 3, y cuando sacan plaza, se van. Por desgracia, en ellos no es bonito trabajar».
Y si realizar cualquier tipo de trabajo jurídico en ellos es complejo, no lo es menos para los ciudadanos desesperados que hay detrás de las miles de causas pendientes, en algunos casos porque les deben un dinero que en estos tiempos de pandemia y de crisis económica les daría casi «la vida». Es el caso de Lucía, una autónoma que no ha querido facilitar sus apellidos. Es propietaria de un negocio abierto en 2013 y se mantiene haciendo esfuerzos titánicos y encajes de bolillos cada mes. En 2017 la contrató una empresa cuyo administrador cuenta con una ristra de denuncias por impagos, tanto a trabajadores, como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, y que además abre y cierra sociedades permanentemente creando una maraña empresarial casi imposible de rastrear para los escasos funcionarios de justicia.
Esta emprendedora tuvo que denunciar a un empresario de hostelería y ocio en mayo de 2018 por impago de servicios de 1.800 euros. Se celebró el juicio verbal sin comparecencia del demandado y hubo sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 3 un año después. A partir de ahí comenzó el peregrinar del servicio de Notificaciones de los juzgados mostoleños para comunicar el fallo al condenado, quien no recogió los avisos e hizo todo lo posible para desaparecer. Incluso, se permitió el lujo de ir diciendo que había traspasado el negocio y que no se iba hacer cargo de la deuda. Finalmente, y tras la insistencia del abogado de Lucía, se le pudo comunicar a comienzos de octubre. A finales de ese mismo mes de 2019 su letrado solicitó la ejecución que quedó paralizada por el inicio de la pandemia y el colapso de expedientes en el que se ven inmersos los funcionarios.
«Es desesperante comprobar cómo la lentitud de la administración de justicia favorece a los condenados y deudores»
Tras varios escritos del abogado de la emprendedora al juzgado para que se activasen los embargos de cuentas del condenado, a finales de febrero de este año se logró recuperar una pequeña cantidad. No obstante, como esos embargos son temporales, si el deudor recibe dinero en alguna de cuentas de empresa o personales y no están nuevamente operativos, no será posible recuperar el importe total, ni los intereses. Para que se vuelvan a poner en marcha, el letrado ha presentado desde entonces un par de nuevas solicitudes que permanecen a la espera en alguna mesa, junto a varios centenares o miles de ellas, porque los funcionarios no dan a basto. Mientras acaba 2021 y comienza 2022, Lucía sigue a la espera de poder recibir su dinero, confiando en la persistencia de su abogado y en que el paso de los años no la haga echar el cierre a su negocio por falta de liquidez. «Es desesperante comprobar cómo la lentitud de la administración de justicia favorece a los condenados y deudores», ha recalcado.
Partido judicial
Boadilla del Monte, Brunete, Mostoles, Quijorna, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón son los municipios que pertenecen al partido judicial de Móstoles; cerca de 350.000 personas. En la jurisdicción Civil cuenta con 6 Juzgados de Primera Instancia, 1 de Violencia contra la Mujer y 2 de Familia; en la Penal, 6 de Instrucción, 1 de Violencia contra la Mujer, y 6 de lo Penal.
Según los datos de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid correspondiente a 2019 se contabilizaron en la jurisdicción Civil un total de 14.170 asuntos (20,4%); aumentaron en los de Primera Instancia un 12,4%; en el de Violencia contra la Mujer (17,7%) y el de Familia (58,3%). En los primeros, resolvieron 10.296 de 10.749 (8,6%); en los segundos 195 de 213 (9,6%) y en los terceros 3.076 de 3.208 (49,5%).
Los datos al finalizar el año reflejan incrementos de trabajo en trámite. En los de Primera Instancia se contabilizaron 4.219 (12,3%); en el de Violencia sobre la Mujer 146 (16,8%) y en los de Familia 1.399 (-15,3%). Esto suma un total de 5.764 en tramitación (13,2%).
En 2020 se quedaron 10.134 asuntos en tramitación (75,8%), casi el doble que el año anterior
En la memoria de 2020 (enmarcado en un contexto de pandemia) se contabilizó esa saturación de la que hablan funcionarios, abogados, procuradores y ciudadanos de a pie. En la jurisdicción Civil ingresaron un total de 18.074 asuntos (27,6%) frente a 14.170 de 2019; se incrementaron notablemente en los de Primera Instancia, un 44,1% más (12,4% el año anterior); en el de Violencia contra la Mujer (-31,5%) y el en de Familia (-24,0%). En los primeros, resolvieron 10.683 de 15.490 (3,8%); en los segundos 190 de 146 (-2,6%) y en los terceros 2.623 de 2.438 (-14,7%).
En cuanto a asuntos en trámite al finalizar el año, en los de Primera Instancia se contabilizaron 8.812 (108,9%), más del doble que en 2019; en el de Violencia sobre la Mujer, 102 (-30,1%) y en los de Familia 1.220 (-12,8%). Esto suma un total de 10.134 en tramitación (75,8%), casi el doble que el año anterior, mayoritariamente como consecuencia de la saturación de los primeros.
Penal
Por su parte la jurisdicción Penal la integran en este partido judicial 6 juzgados de Instrucción, 1 de Violencia contra la Mujer y 6 juzgados de lo Penal.
En 2019 se contabilizaron un total de 21.086 asuntos (7,4%); en los de Instrucción subieron un 9,1%; en el de Violencia contra la Mujer (16,7%), el que más se incrementaron y bajaron en los de lo Penal (10,8%). En los primeros, resolvieron 17.573 de 17.385 (7,7%); en los segundos 1.733 de 1.684 (19,4%) y en los terceros 2.646 de 2.017 (-6,3%).
Los datos al finalizar en los de Instrucción muestran 1.606 en trámite (5,9%); en el de Violencia sobre la Mujer, 134 (9,8%) y en los de lo Penal 1.294 (-31,5%). Esto suma un total de 3.034 en tramitación (-14,0%).
El pasado año finalizó con 3.564 asuntos en tramitación (17,5%) frente a 3.034 de 2019 (-14,0%)
En 2020 las cifras reflejan un descenso en el volumen de causas ingresadas, con la pandemia y los confinamientos como condicionantes. Se contabilizaron un total de 15.573 asuntos (-26,1%) frente a 21.086 de 2019; en los de Instrucción disminuyeron un 29,1%; en el de Violencia contra la Mujer (-12,6%%) y en los de lo Penal (-12,4%). En los primeros, resolvieron 12.436 de 12.334 (-29,2%); en los segundos 1.443 de 1.472 (-16,7%) y en los terceros 1.778 de 1.767 (-32,8%).
La crisis sanitaria sí afectó a la resolución de causas al finalizar el año, por lo que ascendieron los asuntos en trámite. En los de Instrucción se encontraban pendientes 1.937 (20,6%); en el de Violencia sobre la Mujer, 180 (34,3%) y en los de lo Penal 1.447 (11,8%). Esto suma un total de 3.564 en tramitación (17,5%).
ARC
