El Juzgado de Instrucción número 3 decretó el pasado 29 de noviembre el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra José Jover (PP) por ese delito al oficiar bodas civiles en la finca ‘El Monje’ o ‘La Alabada’, propiedad de ‘Pescaderías Coruñesas S.L’ que carecía de licencia de actividad.
Mientras, sigue la instrucción contra el regidor en el caso del resto de delitos que le imputó la Fiscalía: prevaricación administrativa, urbanística, contra la ordenación del territorio y desobediencia grave a la autoridad.
El auto, al que ha tenido acceso Villaviciosadigital, se sustenta en base a una sentencia de 2013 del Tribunal Supremo, donde se define qué situaciones deben darse para que exista falsedad en documento público, y señala que el proceder del alcalde al celebrar bodas civiles en esa finca, un lugar distinto al que recogen las actas matrimoniales (Salón de Plenos del Ayuntamiento o Casa Palacio Manuel Godoy, que son los que se establece a tal fin el Consistorio) fue así «por motivos estrictamente administrativos y de tasas», una finalidad “inocua” y que carece de toda “potencialidad lesiva”, por lo que no es delito de falsedad documental.
La jueza entiende que ese hecho es «una irregularidad cuya trascendencia jurídica debe depurarse en otros ámbitos distintos de este procedimiento penal, debiendo descartarse la existencia de un delito de falsedad en documento público pues el mismo no afecta a ninguno de sus elementos esenciales». Por tanto, cree que son «verdaderas actas matrimoniales en los que se hace constar matrimonios realmente celebrados entre las personas que figuran en la misma y oficiados por autoridad competente para ello, estando debidamente inscritos en el Registro Civil y con plenos efectos legales».
La jueza apunta en su resolución a que «ni aun cuando el propósito fuera ocultar la celebración en un lugar sin licencia administrativa o abonar las tasas correspondientes, trasmutaría este acto falsario en delito, pues como ya se ha expuesto, el dato es intrascendente a efectos del trafico jurídico pues las bodas si se celebraron». Entiende que ese cambio de ubicación del lugar de celebración de las bodas es «irrelevante» a efectos penales.
En el auto además se recoge que con esa irrelevancia, no es preciso que declaren el jefe de la Alcaldía y la secretaria, los responsables de la tramitación de los expedientes, como pedía la Físcalía.
Esta resolución es suceptible de recurso de reforma o de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid (en cuyo caso suelo demorarse su resolución entre cinco y 10 meses), algo que VOX, el partido que denunció las presuntas irregularidades en la Fiscalía de Móstoles, ya ha anunciado que presentará. Este partido también recurrió el auto de sobreseimiento dictado por el mismo juzgado el día 20 de noviembre contra cinco ediles por falsedad en documento público, aunque lo han recurrido sólo contra los tres del PP de Villaviciosa de Odón.
Valoración José Jover
El regidor villaodonense emitió el miércoles un comunicado donde mostró su respeto a las decisiones judiciales e indicó que el auto del juzgado «es contundente y sólidamente argumentado».
Además, condenó «la actitud miserable y mezquina de los tres concejales de VOX Villa, María Ruiz Solás, Ernesto Serigós y Julia Lafuente». En opinión del alcalde, desprecian «los valores y principios que conforman nuestro Estado de Derecho, han judicializado la vida política con el único objetivo de lastrar y ensuciar nuestro buen nombre y, lo que es más importante, ensuciar el buen nombre de Villaviciosa de Odón y sus instituciones, todo ello con el espurio e inútil objetivo de conseguir algún rédito político o electoral».
Jover indicó también que «la miserable y mezquina actitud de los tres concejales» ha supuesto a los villaodonenses «un coste de 40.000 euros aproximadamente en concepto de honorarios de abogados y procuradores, cantidad que ha salido del bolsillo de todos los villaodonenses». En este punto anunció que ha solicitado a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento «los informes pertinentes para reclamar al edil de VOX Villa, Ernesto Serigós, los costes que de este procedimiento judicial se devenguen» hasta ahora (la cifra anteriormente indicada).
El alcalde apuntó que tanto él como los tres ediles del PP afectados en esta causa, han dado «instrucciones» a los letrados «para que estudien la interposición de tantas acciones legales como les asista el Derecho «frente a los tres concejales de VOX Villa, María Ruiz Solás, Ernesto Serigós y Julia Lafuente.
Por último, volvió a mostrar su sorpresa, según finalizó el regidor, ante «la hipocresía y cinismo del concejal de VOX Villa denunciante, Ernesto Serigós, quien todavía no ha explicado el grave caso de contratación ilegal de trabajadores en el que se vio envuelto, contando para tan deleznable y repugnante actitud con la complicidad y apoyo de María Ruiz y Julia Lafuente».
IARC
