Las dudas sobre la constitucionalidad de la norma las planteó el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón que recurrió una sentencia, el proceso llegó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), quien elevó el recurso al Tribunal Constitucional (TC).
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 29 de abril la decisión del TC que admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, en relación con las disposiciones transitorias primera 1.º y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid (aprobada por el PP), por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución Española.
El Pleno del TC, emitió una providencia el 20 de abril actual, acordando esa decisión ante la cuestión de inconstitucionalidad que presentó la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM, en el recurso de apelación. Es decir, ha determinado que es competente y que juzgará si lo relativo al incremento retributivo como consecuencia de la la reclasificación de los policías locales de la Comunidad de Madrid es constitucional.
Fue el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón quien con la aprobación del Pleno de 22 de diciembre de 2020, impulsó el recurso de apelación a una sentencia del
Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Madrid, que estimó el recurso contencioso interpuesto por un funcionario del Ayuntamiento solicitando reconocimiento de su derecho a la reclasificación profesional dentro del subgrupo de titulación C1, por aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 1/2018.” La decisión de recurrir contó nueve votos a favor, seis en contra y seis abstenciones.
Pese a que la norma está en vigor, el Consistorio no la está aplicando, algo que los sindicatos policiales villaodonenses están denunciando, pidiendo incluso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que intervenga «en defensa de sus intereses», tal y como contó Villaviciosadigital el pasado 13 de mayo.
Fuentes del Consistorio han recalcado que la admisión a trámite por parte del TC se basa «precisamente, en los argumentos jurídicos mantenidos por los abogados de nuestro Ayuntamiento».
Desde los sindicatos, reiteraron que de prosperar esa cuestión de inconstitucionalidad podría haber «repercusiones» para todos los agentes locales de la Comunidad de Madrid. Y la carta que hicieron llegar a Díaz Ayuso a través del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la hacen «extensible a todos los ayuntamientos de la región gobernados por el PP».
ARC
