Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid practicaron un total de 582 lanzamientos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, lo que representa una disminución del 17,1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción global estuvo impulsada principalmente por el descenso de los desahucios vinculados al impago de alquileres.
Según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales‘, difundido por la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la región madrileña se situó como la cuarta comunidad autónoma en volumen absoluto de desahucios ejecutados. El listado nacional estuvo liderado por Cataluña, con 921 lanzamientos, seguida por la Comunidad Valenciana, con 741, y Andalucía, con 616.
Al desglosar las causas de las intervenciones en nuestra región, los lanzamientos motivados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sumaron 454 expedientes, equivalentes a una caída del 26,1 % respecto al primer trimestre de 2025. En contraposición, las ejecuciones de inmuebles por deudas hipotecarias alcanzaron las 107 actuaciones en el territorio regional. Por habitante, la Comunidad de Madrid arrojó una tasa media de 8,2 lanzamientos practicados por cada 100.000 ciudadanos.
El balance del CGPJ también detalla la evolución de la actividad contenciosa en el ámbito empresarial y laboral madrileño. Los Juzgados de lo Mercantil de la autonomía tramitaron 2.220 concursos declarados, reflejando una bajada del 12,5 % frente al ciclo previo. Si bien las quiebras presentadas por personas jurídicas descendieron un 10,6 % (con 203 casos) , la apertura de las fases de liquidación de activos experimentó un incremento exponencial del 363,2 %, pasando a contabilizar 352 procesos en este trimestre.
En la jurisdicción laboral, los juzgados de lo social de Madrid recibieron 7.138 demandas por despido, cifra que supone una reducción del 7,6 % respecto al año precedente. Con este registro, la comunidad se colocó en tercer lugar a nivel nacional, superada únicamente por Cataluña (8.886) y Andalucía (7.195). Por otro lado, las reclamaciones de cantidad de los trabajadores sumaron 5.161 expedientes, disminuyendo un 11,9 %.
La contracción más pronunciada se observó en los juicios monitorios (mecanismo empleado para exigir el cobro de deudas dinerarias vencidas y líquidas), que retrocedieron un 55,9 % en los juzgados de primera instancia madrileños, fijando el total trimestral en 35.534 peticiones. En el apartado de la ocupación ilegal de viviendas, las demandas de juicios verbales posesorios interpuestas por particulares, entidades públicas oenegés cayeron un 57,6 % en la región, ingresando solo 28 nuevos casos frente a los 94 registrados en Andalucía, comunidad que encabezó la estadística de este indicador.
