La Comunidad de Madrid ha entregado hoy una nueva promoción de 134 viviendas de alquiler asequible en Alcorcón. Los precios oscilan entre los 415 y los 741 euros.
Con estos nuevos inmuebles, el municipio suma 822 casas del Plan Vive, de los que 700 se encuentran ya habitados y el resto estarán a disposición de los vecinos de la localidad a partir del próximo mes.
Los 134 inmuebles se encuentran en una urbanización de la calle Diversidad, con 50 pisos de un dormitorio, 54 de dos y 30 de tres, garaje y trastero, además de servicio de conserjería, piscina y gimnasio en las zonas comunes.
A la localidad el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adjudicado también otras 140 viviendas en la calle Vicente Ferrer; consta de 52 de un dormitorio, 58 de dos y 30 de tres. En ambos casos, los precios oscilan entre los 415 euros para los de una estancia y los 741 euros de mayores dimensiones.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha recalcado que “el Plan Vive es una fórmula de colaboración público-privada que funciona y que ya ha permitido que 2.480 familias de una veintena de municipios cuenten con un hogar”.
Está previsto que «muy pronto» entreguen otras 1.800 viviendas en los que ya es posible inscribirse, y 3.800 que se están construyendo, algunos de ellos en municipios como Boadilla del Monte.
12.000 solicitudes
Asimismo, el consejero ha destacado que han recibido cerca de 12.000 solicitudes para optar a un Plan Vive que incluye una previsión de 25.000 inmuebles (10.500 en esta legislatura) en una decena de localidades entre las que no está Villaviciosa de Odón pese a la alta demanda y los elevados precios, tanto para comprar, como para alquilar.
El principal requisito para optar a estas casas es que la persona solicitante la dedique a residencia habitual y no tenga ningún otro inmueble en propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, tienen prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicados o los que desempeñen su puesto de trabajo en la localidad desde hace al menos tres años.
Además, se toma en consideración el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35 por ciento de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.
