En el primer trimestre de 2024 se registraron 6.571 mujeres víctimas y 7.331 denuncias, un 0,3 por ciento menos y un 7,6% más que hace un año, respectivamente, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hechos públicos hoy.
Víctimas
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género constata que en el primer trimestre del año las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 6.571, un 0,3% menos que hace un año, cuando se contabilizaron 6.593. El 55,92% tenía nacionalidad española y tres eran menores tuteladas.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 15,5 en toda España, 0,9 puntos más baja que en el primer trimestre de 2023. Por encima de la media nacional se situaron Navarra, 30,1; Baleares, con 27,3; Murcia, con 24; Comunidad Valenciana, con 22,3; Canarias, con 22,1; Andalucía, con 19,9; y Madrid, con 17,9.
En el lado opuesto, La Rioja, con 10,6; Castilla y León, con 12; Galicia, con 12,2; Castilla-La Mancha, con 13,4; Extremadura, con 13,5; País Vasco y Cataluña, con 13,8; Aragón, con 14,3; Asturias, con 14,9 y Cantabria, con 17.
La Comunidad de Madrid cerró 2023 con una media de 79 mujeres víctimas de cada día.
Denuncias
En cuanto a las denuncias, los juzgados madrileños recibieron un total de 7.331, un 7,6% más que en el mismo periodo de 2023, en el que se registraron 6.812.
La proporción de las presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, sigue manteniéndose constante. Prácticamente, dos de cada tres (4.969, el 67,78%) fueron presentadas por que la sufrió, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las presentadas por terceras personas: los familiares presentaron 97 (1,32% del total); por parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, 289 (el 3,92%) y por servicios de asistencia y terceros, 170 (2,31%). Por último, las de intervención directa de la policía, 1.806, que representan el 24,63% del total.
Declarar contra su agresor
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar se redujo en torno a dos puntos porcentuales con respecto al año anterior. En el trimestre analizado en la Comunidad de Madrid fueron 681, el 10,36% del total. De ellas, 334 eran españolas y 347 tenían otras nacionalidades.
Órdenes de protección
Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 1.466 órdenes de protección, un 1,5% más que hace un año. De ellas, 637 (43,45%) fueron adoptadas y 835 (56,13) fueron denegadas.
Los juzgados de Violencia sobre la Mujer acordaron 593 órdenes de protección, el 42,1% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de Guardia 79, el 68,69 por ciento de las solicitudes registradas.
Medidas judiciales
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras cautelares, un total de 1.446 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores).
En el ámbito penal, las medidas más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (566), que representaron el 38,60% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (592), un 40,38 por ciento del total.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 571 acciones cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (169), y la suspensión del régimen de visitas (130).
Ángeles Carmona
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, advierte de que «hay que ser prudentes en el análisis de los datos del primer trimestre del año y no avanzar conclusiones hasta comprobar si la disminución de víctimas responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja en las cifras que recoge la estadística».
Añade, en este sentido, que «no deben sacarse conclusiones precipitadas pues existen dos posibles causas que requerirían de actuaciones diferentes: podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia; y podría tratarse también de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas».
La presidenta destaca también el dato de las víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. Fueron 4.014 en el conjunto de España, casi una de cada diez víctimas, lo que ha supuesto un descenso del 16,44 % respecto a 2023, «se trata de un dato importante puesto que la declaración de la víctima es, en muchos casos, el único elemento de prueba que permite avanzar en el esclarecimiento de unos hechos delictivos que con enorme frecuencia ocurren sin terceras personas como testigos. “La renuncia a la dispensa -señala- evita la impunidad”.
Otro dato relevante para Carmona es el aumento, en un 17,5 por ciento, del número de menores de edad juzgados por violencia de género, «representativo del incremento que se observa en los últimos años de este tipo de delitos entre los más jóvenes». Y «también muy elevado» ha sido el porcentaje de menores condenados, que en el primer trimestre del año ha alcanzado el 91,49 % de los enjuiciados.
Por este motivo, insiste en recordar a todas las instituciones con competencias en materia de educación y, en general, a toda la sociedad la importancia de educar en valores como la igualdad y el respeto desde edades muy tempranas. Y pide la colaboración de los centros educativos en la detección de posibles situaciones de violencia machista entre el alumnado. «La contribución de estos profesionales resulta fundamental», ha asegurado.
