El Consejo de Gobierno aprobó el viernes sacar a concurso público el contrato de servicios destinado a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud.
Una vez adjudicado, el contrato se llevará a efecto en la ejecución de las obras por un total de 1.032.525,89 euros durante el periodo 2024 – 2027.
Se trata del segundo paso para el inicio de unos trabajos cuyo presupuesto total aprobó el pasado mes de mayo, tal y como informó Villaviciosadigital en esta noticia. Ascenderá a algo más de 47 millones de euros y supondrá la unificación de las cinco sedes existentes repartidas por el municipio mostoleño. Podría estar construida en febrero de 2027, aunque el inicio de las obras se había anunciado para el segundo semestre de 2023.
Dará servicio a más de 300.000 vecinos que residen en Móstoles, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna y Villanueva de la Cañada, pero también a miles de personas físicas y jurídicas de toda España con procedimientos judiciales relacionados con el Banco de Santander, cuya sede se ubica en la localidad boadillense.
El nuevo inmueble contará con una superficie construida de 37.842 metros cuadrados distribuidos en siete alturas más la planta baja y el sótano. Albergará nueve juzgados de Primera instancia, seis de Instrucción, seis de lo Penal, tres de lo Social, uno de Violencia contra la Mujer y uno de Guardia. Se ha previsto un espacio de reserva para siete más por si en un futuro se necesitara realizar una ampliación.
Dispondrá, además, de una sala de macrocausas con capacidad para 125 personas; otra multiusos; dos de vistas con jurado popular; cámara Gesell para tomar declaración a menores y personas vulnerables; y un servicio de guardería, entre otras estancias para profesionales y ciudadanos.
El objetivo, según han explicado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es «acabar totalmente con la dispersión de edificios en este partido judicial» que tiene una alta carga de trabajo y cuyos funcionarios están desbordados, sobre todo por la cantidad de demandas relacionadas con el Banco Santander, algo «prácticamente inasumible», según el informe que emitió el pasado año el juez Decano en funciones, Francisco José López Ortega.
ARC
