Tras la reunión que mantuvieron ayer ambas administraciones, en la que mostraron visiones distintas al plan de movilidad y la posibilidad de retrasar las obras hasta marzo, tal y como planteó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA).
Los trabajos para el soterramiento de la autovía A-5 en Madrid para la construcción del Paseo Verde del Suroeste comenzaron hace algo más de un mes; al menos los iniciales, lo que, por el momento, no ha implicado afecciones al tráfico, aunque sí lo hará desde mediados de diciembre, según las previsiones del Consistorio de la capital.
Con ese punto de partida, las administraciones con competencias implicadas, Ayuntamiento, Gobierno de España y Ejecutivo autonómico, continúan sin ponerse de acuerdo en cómo abordar las obras para que tengan el menor impacto para los vecinos afectados, que incluyen, no sólo a los de Madrid, sino a miles de localidades cercanas como Alcorcón, Móstoles, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Navalcarnero o Arroyomolinos, entre otras, cuyos alcaldes mostraron su preocupación el pasado mes de julio, tal y como contó Villaviciosadigital en esta noticia.
Así quedó patente ayer por la tarde después de la reunión que mantuvieron representantes del Consistorio y del MITMA, quien pidió retrasar las obras hasta marzo para garantizar un plan de movilidad alternativo al de la capital, según contaron fuentes ministeriales a Europa Press y afirmó su compromiso establecer la gratuidad en la R-5 de forma temporal, con la condición de que el Ayuntamiento colabore en la financiación.
Desde el Gobierno central recordaron que está dispuesto a reforzar los servicios de su competencia; Cercanías, entre un 25% y un 40% en hora punta, «desde ya».
Sobre la petición de retrasar las obras para dar tiempo a que Adif finalice los trabajos de renovación integral de la C-5, modificando su plan de adecuación de la playa de vías en Atocha para poder liberar una y añadirla a este trayecto y maximizar el servicio, desde el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cree que es una «excusa» porque, en base a los datos ministeriales, apunta a «intencionalidad política», porque que tienen capacidad para activar cerca de 48.000 plazas más sin necesidad de realizar esos trabajos.
En relación a la gratuidad en la R-5, el Consistorio no comprende cómo en este caso el MITMA quiere que haya financiación conjunta con los ayuntamientos afectados (al parecer sólo está a favor de esto el de Alcorcón, cuya alcaldesa es del PSOE), mientras que en la autovía AP-7 en Alicante la paga el ministerio. Al mismo tiempo, desde el MITMA critican que el Consistorio de la capiutal no esté dispuesto «a aportar ni a financiar en absoluto nada que tenga que ver con la liberalización o con la gratuidad de la R-5».
Finalmente, acerca de los autobuses interurbanos, el MITMA pide que la Comunidad de Madrid refuerce las líneas y denuncian que «se va a recortar el servicio y no van a entrar en Madrid en el carril bus, como venían haciendo hasta ahora».
