Las alrededor de 40 organizaciones que impulsaron ayer una manifestación en Madrid por el derecho a una vivienda digna reclaman 10 «exigencias».
Más de 20.000 personas asistieron ayer a la manifestación convocada por alrededor de 40 organizaciones sociales y apoyada por partidos como Podemos, Más Madrid o Izquierda Unida, entre otros.
En el manifiesto dejaron claro que esas medidas «no pueden ser un simple grito al aire de desesperación y rabia», apuntan. Exigen que se abra «un nuevo camino» y se concreten «en un trabajo cotidiano» que asegure el cumplimiento de todos los objetivos. En este sentido piden a la ciudadanía que «se organice en los centros de estudio, centros de trabajo, asociaciones vecinales, asambleas y cualquier espacio social colectivo».
Y es que, según recoge el documento, «nuestro futuro está en juego, y solo organizándonos, construyendo un contrapoder real y sólido podremos conquistar nuestros derechos» porque «la vivienda es un derecho, no un privilegio», y afirman: «lucharemos por ella hasta las últimas consecuencias».
Ley Estatal de Vivienda
La primera medida es la «ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención y urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler que fuercen una reducción de precios, la recuperación de los contratos de alquiler indefinidos o el impulso de un Plan Estatal de Vivienda Pública».
Piden que sea el Gobierno central quien intervenga y adopte medidas, «como la supeditación de la concesión de ciertos fondos públicos a fondo perdido, al cumplimiento por parte por parte de la Comunidad de Madrid de la mencionada ley».
Ley Autonómica de Vivienda
También exigen la aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda y la declaración obligatoria de zonas tensionadas «cuando se superen ciertos parámetros que permita el acceso a un inmueble asequible para toda la ciudadanía, limitando los precios, la especulación y estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas».
Parque de vivienda de proteccion y social
También reclaman «el compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de la vivienda de protección y la social». En este sentido miran a los ayuntamientos, comunidades autónomas y al Gobierno para que adopten las medidas necesarias para ampliar el parque público de vivienda de completa titularidad pública con alquileres sociales asequibles, así como la recuperación de las vacías y de las públicas enajenadas a fondos buitre o en manos de la SAREB, fondos de inversión o bancos, «incluso expropiando las mismas por interés social».
Desalojos
En cuanto a los desalojos en caso de impagos, reclaman «la adopción de garantías legales por parte de las administraciones públicas de que en ningún caso se producirán sin alternativa habitacional». Cuando haya desahucios, «el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento».
Pisos turísticos
Asimismo, exigen la suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos en los barrios y/o municipios con alta demanda de vivienda en alquiler, así como el cierre de los actualmente existentes en situación irregular y la imposición de sanciones que correspondan y su puesta inmediata en el mercado de arrendamientos.
Registro de Solicitantes de Vivienda Pública
Sobre este aspecto, solicitan la «despenalización del acceso» en el caso de familias sin título habilitante de su vivienda.
Agencia de Protección al Consumidor
Propoien la creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones que hagan cumplir la nueva normativa en materia de protección de la vivienda.
Europa
En octavo lugar exigen el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo «restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, facilitando la suscripción de contratos suministro de energía y atendiendo las demandas de las mesas de trabajo de vecinos y vecinas».
San Fernando
En cuanto a la situación que viven algunos vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de ampliación de la línea 7B de Metro, reclaman un pacto regional que proteja a las familias y salvaguarde su derecho a una vivienda digna.
Medioambiente
Finalmente, reclaman la preservación y refuerzo de los valores medioambientales de los entornos a los que afecte cualquier proyecto urbanístico.
