Así lo ha reiterado el delegado y secretario de la Junta de Personal del Ayuntamiento y policía local, Germán Méndez, en una carta dirigida al alcalde, Raúl Martín Galán.
El escrito contesta al regidor villaodonense que en esta entrevista en pódcast con Villaviciosadigital afirmó que la seguridad del municipio no está comprometida y que hay que «dar una vuelta a este servicio porque no todos son derechos, también hay obligaciones».
La misiva fue enviada el día 2 de julio al alcalde, a los ediles del equipo de Gobierno incluido el nuevo responsable de Seguridad, Paul Rubio, y a los grupos políticos. Méndez, que hace unos días denunció la dejación de funciones por parte del alcalde (que inicialmente había asumido la competencia en este área) vuelve a reiterar que sí hay un problema de seguridad en la localidad y argumenta el incumplimiento de los servicios mínimos acordados en 2009, que están publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y establecen tres patrullas, mañana, tarde y noche, durante los 365 días del año, «no precisamente por capricho, sino para que hubiese una patrulla encargada del casco urbano y las otras dos de las urbanizaciones, dando con ello un servicio de calidad y con un buen tiempo de respuesta a los vecinos, ya que la extensión del municipio es amplia».
En este aspecto, ha recordado a Martín Galán que esos servicios mínimos fueron acordados por el equipo de Gobierno en 2009 (del Partido Popular), «pactándolo con los representantes de los trabajadores, con el visto bueno del jefe del Departamento y ratificado todo ello, por mayoría, en sesión plenaria». Se ha mostrado categórico: «sí, tenemos un problema de incumplimiento de los mismos, no haciendo falta ser un gran experto para deducir que eso afecta a la calidad en el servicio y, por extensión, a la seguridad del municipio».
En cuanto a la reclasificación de los agentes de Policía Local que se recoge en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid de 2018, que está recurrida por el Consistorio de Villaviciosa de Odón y ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, se ha mostrado «asombrado» ante la declaración del regidor, quien afirmó que era el alcalde que más había hecho en este punto. «Es evidente que desconoce que, primero el sr. Jover y después el sr. Pérez Viu, ya habían hecho lo propio durante sus mandatos. La única diferencia con estos es que a usted le ha apercibido un juez, en dos ocasiones, con sancionarle si continúa sin resolverlo». Se refiere al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid dictado el pasado 21 de mayo, que requirió a Martín Galán para que en 30 días «proceda al estricto cumplimiento» de la resolución judicial de 15 de octubre de 2020 que reconocía la reclasificación y de no ejecutarla, le apercibió con una multa de 1.500 € «que será reiterada cada 20 días hasta el total cumplimiento de lo requerido».
También apunta a que gracias al cambio de voto del alcalde en distintos Plenos, «se ha facilitado un recurso judicial que puede perjudicar enormemente al citado proceso, por lo que es cierto que usted ha hecho más que sus predecesores, pero en este caso para mal».
Finalmente, le pide dejar «de buscar excusas y señalar culpables en otros tiempos y lugares», para «alcanzar acuerdos que aporten las mejores soluciones», insistiendo que si los representantes de los trabajadores «exponen estas deficiencias, no es para atacarle, sino precisamente para dar a conocer los posibles fallos e intentar aportar soluciones a los mismos».
