Por delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad y falsedad en documento público, estos últimos son los que afectan a los concejales.
La causa está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles quien, según ha publicado El Español, ha llamado a declarar este viernes a José Jover como investigado.
El proceso se ha originado como consecuencia de una denuncia que VOX Villa presentó el pasado 15 de septiembre de 2017 en la Fiscalía en relación con la finca ‘El Monje’ o ‘La Alabada’ propiedad de ‘Pescaderías Coruñesas S.L’. Esta formación ha decidido ejercer la acción penal popular.
Según ha informado la Fiscalía de área de Móstoles a Villaviciosadigital, ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción Decano de Móstoles por delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y falsedad en documento público contra el alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover Sanz (PP) y otros cinco concejales: María Mercedes Castañeda Abad, del PSOE; José Joaquín Navarro Calero(PP), Miguel Ángel Sáinz Santos (Ciudadanos), María Ángeles Méndez Díaz (PP) y David Prieto Giraldes(PP).
La querella va también dirigida contra la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L. y contra su apoderado y administrador solidario Diego García Azpiroz.
Según la querella, en 1992 la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L adquirió por título de compraventa la finca ‘El monje’ o ‘La Alabada’ que siete años más tarde fue considerada como espacio natural protegido por lo que fue clasificada como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección”. El 31 de marzo de 2011 el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón incoó un expediente de licencia urbanística de obra a instancia de Pescaderías Coruñesas S.L. para rehabilitar el palacete Rúspoli’ ubicado en el interior de la parcela.
La concesión de la licencia se limitaba a la rehabilitación del palacete pero la empresa de la que era apoderado y administrador Diego García Azpiroz “llevó a cabo una edificación de considerables proporciones, con aumento de superficie y volumen edificados”. Pese a ello, la Fiscalía ha señalado que “al menos” desde el 23 de abril de 2016 la mercantil o empresas vinculadas a la misma comenzaron a desarrollar la celebración de eventos públicos, “singularmente bodas”, con asistencia de más de 100 invitados y estacionamiento de vehículos “careciendo de la correspondiente licencia de actividad del Ayuntamiento”.
Expedientes sancionadores
Fue Agustín Reguera Barba, el edil de Industria y Comercio del Consistorio quien a raíz de una denuncia abrió el 18 de junio de 2016 un expediente sancionador a la mercantil. No obstante el alcalde, “con el propósito de favores los intereses” de Pescadería Coruñesa S.L. impartió instrucciones verbales “careciendo de cobertura legal para ello”, con el fin de que la Policía Local no realizara inspecciones en la finca sin su consentimiento, según han explicado desde la Fiscalía.
Tras la primera denuncia entre junio y septiembre de 2016 se celebraron otras cinco bodas. Fue entonces cuando la concejal de Medio Ambiente, María Martín Revuelta, acordó la incoación de otro expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y la suspensión “inmediata” de las actividades desarrolladas “ilícitamente” en la finca. A pesar de que la resolución fue notificada a la mercantil, la Policía Local comprobó la celebración de otros dos eventos ambos “con gran afluencia de público” los días 8 y 9 de octubre de 2016.
Durante 2017 Pescadería Coruñesa S.L. continuó celebrando eventos públicos en la finca a lo que siguió la apertura de otro expediente sancionador por parte de la misma edil del área. Mientras, según la Fiscalía, el alcalde se dedicaba a impartir instrucciones verbales al concejal de Seguridad y al suboficial jefe del Cuerpo de Policía Local para que “no se volviese a enviar a la finca a la Policía sin su consentimiento ni autorización expresa”.
El proceso sancionador incoado el 18 de julio de 2016 formuló una propuesta de resolución en la que se imponía a la mercantil una sanción de 60.001 euros. Sin embargo, la Fiscalía cree que el alcalde “con ánimo dilatorio” acordó devolver el expediente a la instructora para la práctica de actuaciones complementarias. También eliminó hasta tres veces del orden del día en el Pleno del Consistorio “sin justificación alguna” el debate sobre el cese de las actividades de Pescaderías Coruñesas S.L.
“El alcalde-presidente del Ayuntamiento», añade la Fiscalía «con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil Pescaderías Coruñesas, S.L. procedió, desde el mes de abril de 2016, no sólo a tolerar la celebración de eventos, singularmente bodas, en la finca ‘El Monje’, a pesar de conocer que los mismos carecían de la preceptiva licencia municipal, sino a oficiar bodas civiles en dicho lugar, autorizándolas él mismo o disponiendo la asistencia de concejales del Ayuntamiento en quienes delegaba la competencia al efecto”.
La Dirección General de Medio Ambiente comunicó al Consistorio que sólo estaban habilitados por el Ayuntamiento dos locales para la celebración de bodas por el alcalde o concejales delegados: el Salón de Plenos y la Casa-Palacio Manuel de Godoy. En este aspecto, la Fiscalía acusa al alcalde de alterar “conscientemente” las actas de celebración de matrimonios haciendo constar “mendazmente” como lugar de celebración dichos locales municipales “cuando en realidad se habían celebrado, en todos los casos, en la finca privada ‘El Monje’”.
Otra cuestión que quiere averiguar la Fiscalía son los motivos que llevaron al alcalde a no estampar su firma en un escrito de alegaciones elaborado por los técnicos para oponerse al cambio de titularidad de unos caminos que discurrían por la finca y que figuraban en el catastro como titularidad del Ayuntamiento en favor de la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L.
