La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los colegios oficiales de abogados y procuradores de la región, firmaron ayer el documento «para reforzar la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para las personas más vulnerables».
Ese acuerdo firmado con los decanos de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Madrid (Eugenio Ribón), Abogados de Alcalá de Henares (Ángel Llamas) y Procuradores de Madrid (Alberto García), supone un incremento de la inversión del Gobierno autonómico de hasta 66,6 millones de euros en 2027, lo que supone casi un aumento del 30 por ciento a lo largo de la legislatura, según cifras oficiales.
El texto recoge iniciativas como una subida lineal de todos los baremos que cobran los profesionales adscritos, siendo de un 4% este año y de un 3% de 2025 a 2027 y 11 nuevos por actuaciones profesionales. También aumentan las compensaciones económicas por las guardias especiales y se impulsarán acciones en materia de digitalización para optimizar la participación y la comunicación de ciudadanos y profesionales con la administración de Justicia.
El Ejecutivo ha señalado que este convenio es el primero a largo plazo en España rubricado entre una administración pública con las competencias en esta materia y todos los colegios profesionales en este ámbito. Servirá “para reforzar la tutela judicial efectiva” fijado en el artículo 24.1 de la Constitución española.
El año pasado 85.884 personas se beneficiaron de la asistencia jurídica gratuita, un 4,4% más que en 2022. Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden Penal (60%), Civil (24%), Contencioso Administrativo (8%) y Social (7%).
La región dispone además del servicio público gratuito de facilitadores judiciales, para asegurar que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a estos procesos en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos. Así como del Servicio de Representación Procesal, para garantizar gratuitamente un procurador a las víctimas de violencia contra las mujeres y los delitos de odio.
ARC
