José Jover Sanz (PP) ha señalado en un comunicado que la querella presentada por la Fiscalía de Móstoles es «un juicio de intenciones» e incide en que él no benefició a la empresa Pescaderías Coruñesas S.L. propietaria de la finca donde se oficiaron bodas pese a no tener licencia de actividad.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles le ha llamado a declarar este viernes en calidad de investigado.
Despúes de que la Fiscalía de Móstoles anunciase que había interpuesto una querella contra el regidor villaodonense y cinco concejales por en relación con la finca ‘El Monje’ propiedad de Pescaderías Coruñesas S.L, en la que se oficiaron bodas con asistencia de más de 100 invitados y estacionamiento de vehículos “careciendo de la correspondiente licencia de actividad del Ayuntamiento”, el alcalde del municipio niega las acusaciones.
Según Jover, “la querella presupone de manera reiterada una determinada intención que los propios hechos de la querella desmienten». El alcalde popular ha afirmado que «hasta en nueve ocasiones se realiza un juicio de intenciones sobre mi conducta que afecta al relato de los hechos y distorsiona la percepción de los mismos».
Asimismo, en relación al expediente sancionador que abrió el Consistorio contra Pescaderías Coruñesas S.L, a la que se multó con 60.001 euros, ha señalado que «no es cierto que se eliminase la propuesta de imposición de sanción. En este aspecto apunta como algo «cierto e indiscutible» que la Junta de Gobierno Local que él presidía, «por unanimidad», y con su voto, acordó imponerla esa multa. En opinión de Jover, «ese es un hecho incontestable, y deja en evidencia el juicio de intenciones que en todo momento realiza la querella», a la que ha calificado como contradictoria.
El regidor ha subrayado en cuanto al cese de actividad de la sociedad, que la Junta de Gobierno Local lo acordó el 8 de noviembre de 2017, «por unanimidad de los miembros de la Junta presidida por mi persona». Es por esto que «no parece que ordenar el cese de una actividad pueda considerarse una decisión que favorezca los intereses de la empresa a la que se ordena cesar en dicha actividad», ha argumentado. Según el alcalde, él mismo ordenó en una resolución desestimar la petición para suspender cautelarmente la ejecución del cese de actividad.
Otra de las acusaciones de la Fiscalía se refiere a una presunta falsificación de documento público en las actas de celebración de los matrimonios. Le acusan de alterarlas “conscientemente” haciendo constar “mendazmente” como lugar de celebración dichos locales municipales “cuando en realidad se habían celebrado, en todos los casos, en la finca privada ‘El Monje’”. Jover ha negado que se alterasen esos documentos, «puesto que dichas actas estaban redactadas y no había ningún ánimo de falsearlas, más aún cuando la Dirección General de los Registros permite la celebración de bodas en otros lugares».
Finalmente, el alcalde cree que con este comunicado ha ofrecido «cumplidas explicaciones», y ha exigido «una rectificación de las informaciones publicadas respecto a este asunto por resultar absolutamente falsas”.
