En este otoño de nefastas noticias nacionales e internacionales que pretendía mencionar en esta columna, hemos sufrido en España unos de los mayores desastres naturales de nuestra historia, consecuencia de una maldita DANA, lo que me ha hecho decidir que la columna se centre en ella.
Pido disculpas porque no he podido ser breve, dada la ingente cantidad de información que se ha ido acumulando sobre el desastre y su politización, aunque les puedo asegurar que el esfuerzo por resumir me ha llevado bastante tiempo.
El pasado 29 de octubre y días posteriores comenzó una DANA de proporciones extraordinarias en el este de nuestro país, que afectó de forma trágica a 75 municipios de Valencia, dos de Castilla – La Mancha y uno de Andalucía, lo que conllevó la muerte de 220 personas, la inmensa mayoría en Valencia, y la desaparición de ocho (cifras del 20 de noviembre). La DANA destrozó carreteras, puentes, cauces de los ríos, fincas agrícolas y ganaderas, inundó miles de viviendas, garajes, locales comerciales, industrias y todo tipo de edificios (colegios, centros de salud…), y desplazó unos 100.000 coches, la mayoría de los cuales están siendo catalogados como siniestro total.
El fenómeno ha puesto de manifiesto, en primer lugar, la peligrosidad del indiscutible cambio climático mundial (salvo para los negacionistas), así como la falta de previsión con la que se han construido barrios o pueblos en zonas inundables en España o con la que se han dejado de hacer las diferentes obras públicas necesarias para minimizar el efecto de las lluvias torrenciales en la zona. Por cierto, la denuncia en redes sociales de la destrucción de presas por el Gobierno de Sánchez es un bulo, solo se han destruido azudes y pequeñas presas obsoletas entre el año 2000 y el 2021 que no hubieran evitado el desastre (tras decisiones de gobiernos de distinto signo).
En todos los casos la forma de hacer mala política ambiental, hidrográfica y urbanística está presente desde hace mucho tiempo.
En segundo lugar, la gestión política de la Dana ha puesto de manifiesto otras cuestiones:
- El Gobierno de la Comunidad Valenciana (PP), con su presidente Mazón a la cabeza, no dio la importancia imprescindible a la alerta roja del 29 de octubre lanzada por la AEMET a las 7.36 a.m., ni a los muchos avisos posteriores de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y comunicó con más de 12 horas de retraso la alerta a los ciudadanos mediante mensaje de móvil, pues Mazón llegó dos horas tarde a la reunión del organismo (CECOPI) que gestionó la emergencia y desatendió durante las horas previas la evolución de la misma por estar, según él, en una “comida de trabajo”, que fue extraordinariamente larga, de la que se sabe poco y se duda mucho, ajena a la DANA que estaba azotando a Valencia; a ello se sumó que la consejera valenciana responsable de emergencias no conoció hasta las 20.00 h el sistema Es-Alert que la Generalitat tenía activo y que le hubiera permitido mandar la alerta a los móviles de los ciudadanos, como le indicó un técnico ministerial.
Además, se dio la desafortunada circunstancia previa de que Mazón en rueda de prensa a las 13.00 horas indicó que la DANA no era grave, se estaba gestionando bien, y se retiraría a partir de las 18.00h.
Con posterioridad se pudo observar cierta descoordinación, y una injustificable tardanza en solicitar la ayuda estatal necesaria dada la magnitud de la catástrofe, sobre todo de los efectivos necesarios de la UME, solicitados de forma tardía y escasa, aunque al menos su general jefe mandó sus primeros equipos el día 29 a las 15.41 “antes de recibir órdenes oficiales”, al ver la gravedad del caso.
Todo ello aumentó de forma crucial el número de víctimas de la DANA en los que respecta a vidas, accidentes y preparación para evitar o reducir pérdidas materiales.
En todos los casos la forma de hacer mala política ambiental, hidrográfica y urbanística está presente desde hace mucho tiempo
En el momento actual vemos que Mazón no dimite, a pesar de la gran manifestación que se hizo y las peticiones de la oposición, y ha hecho una remodelación en su Gobierno, poniendo a un militar retirado al frente de la creada Vicepresidencia de la Recuperación Económica y Social.
2. El Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE + Sumar) mantuvo el nivel de alerta 2, y no quiso declarar el estado de alerta 3, ni el Estado de Alarma, lo que habría supuesto que el Gobierno hubiera asumido el mando en las decisiones que se iban tomando. Según Pedro Sánchez, las razones se resumen en tres palabras: unidad, eficacia y respeto. Unidad: convicción de que ha de favorecerse la unidad de los dos Gobiernos. Eficacia: el Gobierno valenciano es el que conoce mejor sus recursos, los municipios, etc., y el cambio de mandos hubiera dilatados los procesos. Respeto: al Gobierno autonómico y a su trabajo.
Parecen razones convincentes, pero, aun así, queda la duda razonable de si su Gobierno no podría haber hecho más los primeros días, con el mismo nivel de alerta, incluyendo mandar antes y en mayor cantidad efectivos de la UME, sin esperar la petición autonómica.
Respecto al momento actual, hay 8.500 militares de la UME trabajando en la zona, se han aprobado dos paquetes de ayuda estatales, por valor de 14.373 millones de euros, con 110 medidas para gestionar la recuperación económica y vital de los afectados en todas sus dimensiones, garantizar el mantenimiento del mayor número de puestos laborales, etc.
Por otro lado, el PP y VOX en el Parlamento Europeo, con motivo de cuestionar la candidatura de Teresa Ribera (ministra de Transición Ecológica) a la vicepresidenta de Competencia y Transición Justa y Limpia de la nueva Comisión Europea, han hecho un discurso contra su candidatura sugiriendo su posible imputación por las consecuencias de la DANA, por considerarla responsable de lo que consideran un mal funcionamiento de la Confederación Regional del Júcar, organismo autónomo adscrito a su ministerio, y no haber ido a Valencia tras la DANA por estar “desaparecida” en Bruselas gestionando su elección.
Aunque ya el 10 de octubre ambos partidos habían votado en contra de su candidatura. Lo cual es un ejemplo del lodazal previo a la DANA en el que se mueve nuestra política nacional, polarizada hasta el extremo, como para que el PP intentara impedir que una española sea vicepresidenta del máximo órgano de la UE, liderado por Ursula Von der Leyen, la candidata del Partido Popular Europeo al que pertenece el propio PP.
Sobre este tema añado, como cuña de última hora, que Teresa Ribera será vicepresidenta de la Comisión Europea, y ha comparecido en el Congreso y Senado para dar cuenta de su gestión de la DANA, dar los datos de las comunicaciones de la Confederación Regional del Júcar que desdicen el apagón informativo en ciertas horas de la tarde del 29 que ha denunciado Mazón, y añadir que ese mismo día fueron ella, la AEMET y la Confederación quienes se vieron sorprendidas con la pantalla en negro en su reunión virtual con el Gobierno valenciano, durante la hora previa a que llegara Mazón.
En esta Dana, como en la mayor parte de catástrofes en España, los que sí han estado a la altura han sido los miles de voluntarios, la mayoría jóvenes.
3. Respecto a los alcaldes/as de los pueblos afectados, en general podemos decir que han intentado cumplir sus funciones con la mayor celeridad y eficacia posible teniendo en cuenta, en muchos casos, su escasez de medios.
4. En esta Dana, como en la mayor parte de catástrofes en España, los que sí han estado a la altura han sido l@s miles de voluntarios, la mayoría jóvenes, que se han acercado a ayudar de forma autónoma o asociados a una ONG, así como los miles de donaciones de alimentos y bienes de uso necesarios para la limpieza… que se han enviado desde muchísimos lugares de España y ONG´s. Lo que ha conllevado que se reivindique el slogan ‘El pueblo salva al pueblo’, al tiempo de que podamos sentirnos orgullosos de nuestro sentido de comunidad, y especialmente de nuestros jóvenes (no siempre bien comprendidos, ni valorados). Pero esta llegada masiva de voluntariado no coordinado, ni suficientemente formado, ha hecho que se cometan ciertos fallos, como el de echar barro al alcantarillado atascándolo, colapsar o ralentizar el tráfico de carreteras afectando a los equipos técnicos que se desplazaban a las zonas, etc.
5. Tampoco quiero olvidarme de agradecer a la UME su trabajo y alegrarme de su existencia.
6. En todo caso, hay que reivindicar que es el Estado, materializado en todas sus administraciones (locales, provinciales, autonómicas y estatales) trabajando codo con codo, quien ha de coordinar todo lo que queda por hacer: limpieza y recuperación completa de las zonas inundadas (garantizando las infraestructuras necesarias para rehabilitar los servicios de alcantarillado, agua potable, luz, teléfono de línea, internet…), asesorar en el tema de seguros, liderar la organización y reparto de las ayudas estatales o de otras administraciones que necesitarán los miles de familias, empresas e instituciones afectadas, recuperar la economía, la red viaria, aumentar el transporte público, etc., etc.
7. Por otro lado, una vez más, en momentos de máxima tragedia, una serie de personajes, negacionistas del cambio climático y otro tipo de conspiracionistas, la mayoría vinculados a la extrema derecha, han lanzado en las redes sociales y, en algunos casos, en medios de comunicación, una serie de noticias falsas terroríficas sobre la DANA y su gestión con el objetivo de generar mayor miedo y desesperanza, para con ello alentar la ira y la desconfianza popular en nuestro sistema democrático, en nuestro estado del bienestar y/o en los conocimientos de los científicos.
Una vez más, en momentos de máxima tragedia, una serie de personajes, negacionistas del cambio climático y otro tipo de conspiracionistas, la mayoría vinculados a la extrema derecha
Los bulos más sonados están en relación con los cientos de muertos que se dijo estaban en el aparcamiento subterráneo del centro comercial de Bonaire (no hubo ninguno), la destrucción de presas comentada, la orden de desalojar pueblos, la comitiva de cientos de coches de escolta de los reyes, el ocultamiento de muertos y la existencia de un plan del “Estado Profundo” (deep State) que ponen en boca de falsos militares, la acusación de que ONG´s como Cáritas o Cruz Roja están estafando al recoger fondos para la DANA… Todo falso.
Dada la gravedad de estas mentiras deliberadas y las consecuencias que se han derivado o podido derivar de ello, creo firmemente que estas personas que lanzan o propagan los bulos (incluencers, ciertos políticos y periodistas) deben ser castigadas con premura con las multas o las penas correspondientes a su delito, además de ser condenados a publicar la rectificación imprescindible, y ser inhabilitados total o parcialmente cuando se trata de profesionales de los medios de comunicación o de la política.
La democracia no puede sustentarse si los que lanzan estas mentiras interesadas “se van de rositas”, y muchos de los que reciben los bulos no se enteran de las falsedades, o se enteran tarde. Por ello, se me ocurre, sería conveniente tener unos juzgados profesionales para situaciones urgentes relacionadas con la comisión de este tipo de delitos en tiempos de emergencias nacionales o internacionales (como ocurrió con el COVID), campañas electorales, etc. Siempre cuidando que se vele por la auténtica libertad de expresión, que nunca puede ser la libertad de mentir de forma grave para generar caos, tumbar gobiernos o ganar elecciones.
Ya sé que la UE quiere tener una normativa sobre ello antes de agosto del 25, y el Gobierno de Sánchez está haciendo una ley específica, pero desconozco si en ambas propuestas se contiene algo parecido. Visto lo visto con la reelección de Donald Trump, un expresidente que alentó con sus mentiras un golpe de estado en el Capitolio en el que hubo muertos y heridos, que tiene a sus espaldas más delitos graves y mentiras peligrosas relacionadas con el COVID, creo que estamos en un momento que requiere este tipo de actuaciones para mantener el estado de Derecho antes de que sea demasiado tarde, muy a mi pesar, pues me disgusta judicializar demasiado la vida política.
Yolanda Guío (@Guiocerezo)
(Educadora y antropóloga)
