Así lo han estimado los servicios jurídicos tras resolver el recurso de alzada interpuesto por una de las candidaturas participantes «donde se denuncian distintas irregularidades» en los comicios del 20 de noviembre.
Mientras, el Ayto. está en pleno proceso para disolver la entidad, prevista para el 1 de enero de 2026.
Este periódico ha intentado hablar con los ediles de la agrupación de electores El Bosque existe, pero no han respondido.
«La asamblea para la elección a la Junta de Gobierno de la entidad urbanística de El Bosque, que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre, deberá volver a celebrarse», anunció ayer el Ayuntamiento en una nota.
Ampara su resolución en que es el «organo de control de las entidades urbanísticas, cumple con la competencia que tiene atribuida entre las que se encuentra resolver recursos como el presentado donde se denuncian distintas irregularidades».
El Consistorio establece un plazo de 30 días hábiles para celebrar las nuevas elecciones por parte de la anterior Junta de Gobierno de la entidad, que entra en funciones y está presida por Sonia Guijarro.
Además, explica que han visto «incongruencias y discrepancias» en el desarrollo de la asamblea, por lo que establecen unas instrucciones con el «objetivo fundamental la transparencia». En primer lugar «las candidaturas deberán validarse antes de la convocatoria de la asamblea, garantizando que los miembros de la entidad conozcan de antemano las opciones existentes». Además, determinan que «las delegaciones de voto deberán estar firmadas tanto por el miembro delegante como por el delegado y acompañarse de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en caso de propietarios personas físicas o del poder de representación suficiente para delegar el voto en caso de propietarios personas jurídicas».
Por otro lado, señalan que «la mesa electoral estará constituida por la presidenta y secretaria de la entidad, un representante de cada una de las candidaturas proclamadas como válidas y un representante de la Administración».
Finalmente, niega que se permita «el voto en la urna si el votante no se encuentra incluido en el censo o si no acredita, por los medios indicados, que ostenta la delegación de otro propietario no asistente, lo que deberá acreditarse ante la mesa electoral».
Esta decisión se produce en el contexto del proceso de disolución que inició el Consistorio el pasado noviembre y cuyo plazo que estipuló fue del 1 de enero de 2026. En diciembre creó un grupo de trabajo para llevarlo a término, aunque sin representantes de la entidad urbanística, cuya Junta de Gobierno les acusó de decidir «de manera unilateral», apuntaron a su «firme compromiso en defender los intereses de todos los vecinos de nuestra urbanización», por lo que el 29 de enero presentaron alegaciones a esa medida y solicitaron el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Asimismo, a día de hoy siguen denunciando la falta de inversiones por parte del Ayuntamiento en esta zona del municipio.
Por el momento, nada se sabe de en qué situación se encuentra este proceso administrativo iniciado por el Consistorio.
