El Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha un «mapa de zonas calientes» de excrementos caninos en el municipio, según ha destacado.
El Consistorio ha anunciado este lunes la activación de un «mapa de zonas calientes» donde habitualmente se concentran estos excrementos. Se irá actualizando a partir de las incidencias que el servicio de limpieza viaria registra cada día durante sus jornadas en las calles de Alcorcón.
Al localizar uno que no ha sido recogido, el trabajador lo registra en una aplicación señalando la ubicación, la hora y el día, creando así una base de datos que se actualiza automáticamente. A partir de ese trabajo diario de limpieza y recolección de datos, demarcarán zonas habituales donde se dan este tipo de comportamientos incívicos, lo que «permitirá optimizar las rutas de los servicios de limpieza, impulsar campañas de concienciación o incluso reforzar la vigilancia para evitar el problema en colaboración con la Policía Municipal».
Implementado por la empresa pública ESMASA, su objetivo es hacer frente al problema de los excrementos caninos que no se recogen en las calles de la ciudad. No obstante, son conscientes de que «no se solucionará si ese civismo y respeto por el resto de vecinos se extiende hasta el último rincón de la ciudad. Cuidar de Alcorcón es una responsabilidad colectiva”, ha recalcado la segunda teniente de alcaldesa, Raquel Rodríguez.
El Consistorio recuerda que no recogerlos puede suponer una sanción de hasta 750 euros y tiene en marcha una campaña de concienciación entre sus habitantes.
ADN
Esta problemática medioambiental y de incivismo ha ido en aumento en muchas localidades, no sólo de la Comunidad de Madrid, sino en en España, donde hay más de 9 millones de perros. Según los cálculos estimados, un can genera una media de 120 kilos de heces al año.
En nuestro país, más de 80 municipios han establecido un sistema de identificación de ADN canino, entre ellos algunos madrileños como Alcalá de Henares. No obstante, para su implantación no es fácil ni barata y es necesario el registro del ADN de los perros en una base de datos municipal (algo que la ley del bienestar animal no establece como obligatorio); recolección de muestras de heces abandonadas por parte de los policías locales; y el análisis para identificar al dueño infractor, cuyo precio asciende a unos 40 euros.
