El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció ayer la suspensión cautelar del proceso de privatización de seis hospitales públicos de la región. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado hoy que va a recurrir el auto de ese órgano judicial. Mientras, desde el Partido Socialista de Madrid (PSM) han denunciado hoy que el Gobierno de Ignacio González «trata de mermar la calidad de los servicios en el sistema sanitario público atacando todos sus flancos».
Lasquetty ha recalcado que el auto del tribunal «no entra en el fondo del asunto» y que «no pone en cuestión si se puede o no gestionar un hospital público a través de una forma de gestión externalizada». Mientras, la secretaria de Sanidad del PSM, Laura Oliva, ha denunciado «la situación en la que el gobierno del PP está metiendo a la sanidad Pública madrileña, porque no contentos con tratar por tierra mar y aire de privatizar nuestros hospitales y nuestros centros de salud aprueban un plan de recursos humanos de la Consejería de Sanidad, que supone una merma calidad de servicios”.
Desde el PSM inciden en el caso particular del Hospital Universitario de Getafe, donde 64 trabajadoras de la limpieza van a ser despedidas el próximo día 30 pese a llevar empleadas en dicho dentro, como interinas o eventuales, desde hace 22 años en su mayoría.
Ayer, la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó la suspensión de la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para externalizar la gestión de seis hospitales públicos. El auto responde al recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra dicha resolución.
El principal problema, según la decisión judicial es la fianza exigida a las empresas que concurrían al concurso. La Consejería de Sanidad modificó a cuatro días de acabar la fecha de presentación de ofertas las condiciones del aval. Así, la cantidad pasó de ser del 5 por ciento del importe de adjudicación total del contrato (10 años de duración), a ser del 5 por ciento del contrato sólo del primer año. Ese cambio puede atentar contra la libre concurrencia a concurso público, uno de los principios de la normativa.
El TSJM levantó el 10 de julio una suspensión inicial del proceso de privatización. En esa ocasión la vía llegó procedente de un recurso presentado por el PSM, ante el que alto tribunal madrileño acordó que continuara la privatización iniciada por la Comunidad de Madrid al entender que el grupo socialista no estaba legitimada para interponer dicho recurso porque no era una parte perjudicada, algo que no ha sucedido con la AFEM.
Redacción
