El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid junto a IU y UPyD han presentado en el registro del Parlamento regional una Proposición No de Ley (PNL), para su debate en Pleno, en la que instan al Ejecutivo de Ignacio González a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la denominada Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ante el Tribunal Constitucional.
Así lo han manifestado los tres grupos parlamentarios en rueda de prensa, tras la reunión de los martes de la Junta de Portavoces celebrada hoy en la Cámara regional, donde han precisado que esta iniciativa se debatirá en el próximo pleno de marzo.
“Esta ley significa un retroceso no solamente en democracia, no solamente en la arquitectura institucional democrática de nuestro país, sino que además significa un retroceso en las cobertura de servicios básicos, de Estado de Bienestar, de servicios sociales, de políticas sociales a todos los ciudadanos” ha manifestado el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez.
En este sentido, el responsable socialista ha indicado que, además, esta norma, que pretende imponer el PP, supone también una “pérdida importante y negativa” de autonomía de las administraciones locales, de los ayuntamientos, que, según ha señalado, “va en perjuicio de la calidad democrática y va en perjuicio, por lo tanto, de los ciudadanos”.
Y es que la oposición considera que esta norma regula de forma inconstitucional la distribución y el ejercicio de competencias entre administraciones estatal, autonómica y local, en lugar de haber procedido a una verdadera racionalización y reforzamiento democrático de la Administración Local; y que garantice, entre otras cosas, que no haya prácticas irregulares y evite casos de corrupción.
De esta manera, exponen en la citada iniciativa tres grandes de contenidos de dicha ley que, a su juicio, lesionan la garantía constitucional de autonomía local.
En primer lugar, el desapoderamiento competencial de los municipios, básicamente con la atribución de competencias a las Diputaciones provinciales y las Comunidades uniprovinciales de los de menos de 20.000 habitantes, con la vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución.
Asimismo, explican en la PNL que la forma en que se han incluido mecanismos de tutela también vulneran la garantía constitucional de la autonomía local, ya que el procedimiento utilizado por el legislador estatal para la atribución de algunas competencias municipales a las Comunidades Autónomas ataca el eje mismo del modelo de reparto competencial previsto en la Constitución. “No estamos ante un mero proceso de ampliación o disminución de las competencias municipales, que trae como consecuencia una alteración de las competencias autonómicas, sino ante una alteración directa del reparto competencial derivado de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, soslayando los procedimientos que la Constitución establece, en cuanto modifica el quantum competencial autonómico” añaden en la PNL.
Por último, consideran además que vulnera el principio democrático en el ámbito local, ya que la norma señala que cuando el Pleno de una Corporación Local no alcance en un primera votación la mayoría necesaria para aprobar el presupuesto municipal, el plan económico financiero, el plan de saneamiento o la entrada en mecanismos extraordinarios de financiación la Junta de Gobierno Local tendrá la competencia para aprobarlos. “Con ello, se excluye a la oposición de la participación en decisiones fundamentales del municipio con nítida vulneración del principio democrático” indican en la iniciativa.
Redacción
