Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón presenta en el Pleno del Ayuntamiento que tiene lugar este jueves una moción para disminuir la desigualdad salarial en la plantilla de empleados municipales, otra conjunta con Ciudadanos, Se Puede, PSOE y UPyD para impulsar la educacion inclusiva; con Se Puede una relativa a que el Consistorio se persone en la causa abierta sobre el Canal de Isabel II, y otra acerca de mejorar la autonomía presupuestaria de los municipios.
En relación a los salarios municipales, según ha indicado la formación en un comunicado, en Villaviciosa de Odón, «más altos y precios también más altos, lo que aumenta en riesgo de pobreza a trabajadores que cobren salarios cercanos al salario mínimo interprofesional (SMI)». Por eso proponen que el SMI de los trabajadores municipales «el 60% del salario medio de la plantilla del Ayuntamiento», para lo que apuestan por aumentar «de manera automática» el de los que no alcancen dicho sueldo mínimo «y establecer en los pliegos de contratación que éste debe ser el salario mínimo de los trabajadores que presten los servicios al Ayuntamiento de manera indirecta».
La propuesta relativa al Canal de Isabel II está relacionada con el proceso abierto en la Audiencia Nacional sobre la gestión de esta empresa pública. «Ante la gravedad de los hechos que están siendo objeto de investigación, un nuevo saqueo de fondos públicos, el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón tiene la obligación de actuar con firmeza en defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas», han afirmado. IU recuerda que el Consistorio villaodonense es, junto a otros 110 de la región, accionista de Canal de Isabel II Gestión S.A.
Se Puede e IU creen que «la desviación de fondos públicos» pudiera derivar en «un perjuicio patrimonial para nuestro Ayuntamiento y, por tanto, para los vecinos». Por eso proponen que el Ayuntamiento se persone en la causa como acusación particular en las diligencias previas iniciadas por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Además, piden solicitar la convocatoria de la Junta General de accionistas de Canal de Isabel II Gestión S.A. con el fin de que el Consejo de Administración informe sobre la situación financiera y jurídica de la sociedad. «Elevar el presente acuerdo a la Asamblea de Madrid para que inste la anulación de las resoluciones con las que se decidió la privatización del Canal de Isabel II. Y promover, junto a la Federación Madrileña de Municipios, el Gobierno regional y los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, un debate sobre el futuro modelo de gestión pública del Canal de Isabel II, con objeto de revertir la privatización y garantizar un modelo de gestión del agua público».
Educación inclusiva
La moción sobre educación inclusiva que presentan los grupos municipales anteriormente mencionados se basa en la Declaración de Incheon, aprobada en el Foro Mundial de Educación en 2015, y establece «como piedras angulares de su estrategia la inclusión y la equidad, centrándose en todas las situaciones de marginación, desigualdad o discriminación»
Por ello proponen ejercer la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, mediante la aprobación por parte de este Pleno de la proposición para la promoción de la escolarización inclusiva. Lo harían con el desarrollo de «gestiones oportunas para constituir una comisión compuesta por los alcaldes intervinientes» y elevar la propuesta de ley a la Asamblea de Madrid, e instar al Gobierno Nacional y al de la Comunidad de Madrid a velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de inclusión educativa».
Finalmente, en clave nacional y con motivo de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, IU y Se Puede rechazan dos disposiciones adicionales que «limitan la incorporación de personal laboral en las administraciones públicas en los supuestos en los que un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma acuerde apostar por la gestión directa de los servicios públicos revirtiendo la gestión privada realizada a través de empresas concesionarias». Y consideran que es «un ataque directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas, emprendidos en numerosos Ayuntamientos o Comunidades Autónomas».
Ante eso proponen instar al Gobierno y a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a la eliminación de esas disposiciones.
