Rajoy cuestiona el pago de un euro por receta mientras los farmacéuticos lo rechazan

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado en una entrevista a la cadena Cope que no le gusta “el euro por receta porque no trata a todo el mundo “por igual”, en relación a los ciudadanos de Madrid y de Cataluña con el resto de España, porque los primeros van a pagar dos veces por los medicamentos puesto que el Gobierno central ya impuso el repago farmacéutico.

Rajoy ha informado que están negociando la medida con Cataluña y luego lo hará con Madrid, pero si las negociaciones no llegan a buen puerto, el Gobierno no descarta recurrir la medida «al Tribunal Constitucional» por invasión competencial.

Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) considera que “la imposición de esta tasa agrava la iniquidad en la prestación farmacéutica al extender más barreras al acceso de la población a los medicamentos”.

Para esta sociedad, que cuenta con más de 1.800 asociados y ocho delegaciones autonómicas, la medida podría vulnerar algunos de los principios incluidos en normativas básicas estatales y generar un perjuicio evidente a los pacientes madrileños que, a diferencia de los habitantes de otras comunidades, se verán obligados a abonar un dinero adicional por sus medicamentos.

Consideran también que insiste en el error que ha supuesto la implantación de la medida en Cataluña y traslada “una imagen del farmacéutico como recaudador, muy alejada de su perfil profesional sanitario cualificado que puede dañar su relación de confianza con los pacientes”.

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Sin argumentos

SEFAC también cree que el argumento utilizado por la Comunidad de Madrid de establecer la tasa como medida de disuasión es discutible, pues también implica un afán recaudatorio inmediato, como lo demuestra el hecho de que el Gobierno regional solo haya ofrecido datos de lo que se prevé recaudar y no del ahorro estimado.

Esta sociedad ha solicitado a la Comunidad de Madrid que reconsidere su planteamiento antes de que la medida entre en vigor en enero de 2013 y que, en caso de aplicarse definitivamente, se haga un seguimiento para evaluar si su funcionamiento tiene impacto en la adherencia terapéutica y la morbimortalidad y, en caso de ser así, se retire su implantación.

Igualmente, confía en que el Ministerio de Sanidad ejerza el liderazgo que le otorga la normativa para mantener la cohesión del sistema sanitario e impedir que este tipo de medidas se sigan extendiendo de forma incontrolada.

 

Redacción

Imágenes: lamoncloa.gob.es/archivo

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