Piden urgentemente un régimen sancionador para empresas y administraciones que retrasen sus pagos

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Es una de las 40 medidas que ha propuesto la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a las que se suman, incentivos al emprendimiento con tarifas reducidas, a la contratación.

Las empresas españolas son las terceras del mundo que peor pagan, e incluso algunas obligan ilegalmente a sus proveedores a recibir los pagos en plazos superiores a lo que establece la Ley de Morosidad. El plazo medio pactado para abonar las facturas en España es de 76,29 días (lo legal es hacerlo en 60), según el informe sobre el Comportamiento de Pago de las Empresas en Europa elaborado por Informa D&B. Pero incluso ese ilegal periodo acordado lo incumplen muchas y eso lleva a muchas empresas y autónomos a cerrar como pasó en época de crisis, en la que cerraron más de 500.000 negocios.

ATA pide un régimen sancionador con un recargo automático del 5 por ciento si el retraso sobre la fecha de pago es de menos de 30 días, del 10% si es menor de 60 días y del 20% si supera los 60.  En caso de que, además, se aplique sanción, estos recargos también serán aplicables y se sumarán a la misma.

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La asociación ha explicado en un comunicado que estas medidas son necesarias para aplicar de aquí a finales del año 2020 por la incertidumbre política que vive nuestro país, la situación de guerra comercial internacional con Estados Unidos, la posibilidad de un Brexit duro o los problemas de Oriente Medio.

Han recalcado que también que los datos de autónomos «no son buenos», ya que crecen seis veces menos que lo hacían en 2018, «y no parece que vayan a mejorar estos datos antes de finalizar el año, lo cual también augura un 2019, y posiblemente un 2020, complejos para el empleo y para la economía».

Consideran necesarias reformas estructurales como la del sistema de pensiones, el Estatuto de los Trabajadores, la de la Administración, combatir la morosidad, la «España vaciada» así como impulsar la formación, la digitalización y la reindustrialización.

Ante ese contexto proponen un total de 40 medidas que giran en torno a seis ejes: complementar la Ley de Medidas Urgentes mediante el fomento del emprendimiento en ciertos colectivos específicos y la contratación por parte de los autónomos; la protección social y Sostenibilidad del RETA y del sistema de pensiones; combatir la economía sumergida, el mal uso de algunas figuras societarias, como las cooperativas “virtuales”, y laborales, como el “falso autónomo”; reducir trabas y cargas administrativas, así como la revisión del régimen fiscal para permitir la disminución de la presión fiscal; un Régimen Sancionador de la Morosidad; y una segunda oportunidad.

Proponen incentivos al emprendimiento con tarifa 0 para los autónomos no habituales; la denominada 30, para los menores de 25 años que estén cursando estudios universitarios, superiores reglados o FP. Buscan también favorecerlo en las mujeres rurales mediante una tarifa plana 30 euros durante 24 meses, entre otras.

En el ámbito de la contratación, apuestan por una tarifa plana para los autónomos que contraten a su primer trabajador; y la contratación a sus cónyuges de forma indefinida cuando convivan con el mismo en las mismas condiciones que los hijos menores de 30 años.

Para mejorar la protección social, entre otras, establecer un sistema de cotización proporcional a los ingresos y la sobrecotización o infracotización debería corregirse a final de ejercicio fiscal o declaración renta; excluir la obligatoriedad de mantener registro horario a aquellos autónomos con menos de cinco trabajadores y para aquellos contratados por autónomos cuando éstos desarrollen el 75% o más de la jornada fuera del centro del trabajo; ampliar la jubilación activa al 100% a todos los autónomos; cálculo de la pensión sobre toda la vida laboral (75% los mejores años y el 25% de los peores).

En materia de fiscalidad, incorporar a nuestro régimen fiscal el IVA franquiciado ya establecido en todos los países europeos menos en España (exoneración de IVA); eliminar el recargo de equivalencia en el comercio minorista; garantizar los aplazamientos de IVA, o establecer un régimen sancionador tanto para la Administración Pública de cualquier ámbito, como para las empresas que incumplan los plazos de pago legalmente establecidos, entre otros.

Para los casos de segunda oportunidad, modificar la Ley Segunda Oportunidad en los términos establecidos por la sentencia del Tribunal Supremo nº 381/2019 de 2 de julio de 2019, en relación de la inclusión de los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales.

 

 

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1 Comentario

  1. La solicitud de los beneficios de la Ley de segunda oportunidad debe presentarse ante el juez que haya conocido el proceso de la exigencia de la deuda por el acreedor, o el concurso de acreedores en su caso. Es imprescindible que en el proceso participe un abogado y un procurador, y que además se haya intentado un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores.

    La solicitud de este beneficio debe ir acompañada, siempre atendiendo al caso particular, de una propuesta del Plan de Pagos correspondiente. El horizonte temporal de este plan es de cinco años; y a él se compromete a cumplir el deudor.

    El proceso para la solicitud es muy sencillo, las solicitudes suelen ser admitidas y la Ley de segunda oportunidad estará en marcha. Legalmente ningún acreedor podrá hacer embargo o solicitud de cancelación de la deuda mientras te encuentres tramitando la Ley desde el momento en el que se consignen los requisitos.

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