Móstoles instará al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar definitivamente el proceso de privatización del Canal de Isabel II, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado.
El Pleno aprobó además una declaración institucional consensuada contra el terrorismo.
La propuesta sobre el Canal fue aprobada en el Pleno municipal celebrado ayer, a instancias del PSOE, IUCM-Los Verdes y Ganar Móstoles, y con los votos en contra del grupo Popular. En ella se autoriza al Gobierno municipal para exigir a la Asamblea de la Comunidad de Madrid la eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de entidad de derecho público.
Asimismo, el Consistorio emplazará al Gobierno de Cristina Cifuentes a crear un Observatorio del Agua encargado de la gestión del Canal de Isabel II. Para ello piden que se apruebe un «proyecto de Ley que establezca un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua, basado en una gestión pública cien por cien, de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, sostenible, que haga efectivo el derecho humano al agua, participativa y respetuosa con las competencias municipales».
Recursos
Según la moción, la gestión 100 por cien pública del agua, a través de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, es lo que garantizará el cumplimiento de las obligaciones y derechos establecidos por la normativa internacional que estipula que tanto el abastecimiento como el acceso al agua potable es un derecho humano universal. Móstoles también exigirá que se haga efectiva el acceso a una dotación mínima para cada ciudadano, así como el suministro en caso de impagos justificados por informe social.
«El actual modelo vigente de gestión del agua, basado en la existencia de una sociedad anónima, sólo se entiende en función de una futura privatización, a la que nos oponemos radicalmente», aseguran los firmantes de la moción. Asimismo, consideran que «ineficiente desde el punto de vista económico, social y ambiental, inadecuado para la prestación de un servicio público, contradictorio con las competencias que en materia de agua disponen las distintas administraciones y perjudicial para los legítimos intereses de los madrileños y de los ayuntamientos que los representan».
Además, el Pleno aprobó una declaración institucional consensuada contra el terrorismo, en defensa de las libertades y de apoyo a las víctimas y a sus familiares ante la barbarie terrorista consumada el pasado viernes 13 de noviembre en la ciudad de París. Todos los grupos políticos con representación en el Consistorio apoyaron la moción.
La declaración expresa “la necesidad de fortalecer, aún más, la cooperación internacional en el marco de la Unión Europea y las Naciones Unidas para reforzar la seguridad de los ciudadanos, haciendo un especial esfuerzo para cortar las vías de financiación y abastecimiento del terrorismo y la neutralización de las redes de captación y adoctrinamiento”.
Ojalá cunda el ejemplo entre todos los ayuntamientos de Madrid.