Madrid solicita a OHL una compensación de 300 millones por el fallido tren de Cercanías a Navalcarnero

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El Gobierno regional exigirá esa cantidad a la empresa concesionaria del servicio de Cercanías que debería haber unido Móstoles con Navalcarnero por incumplimiento del contrato para la construcción de la línea de transportes que lleva abandonada desde 2010.

El proyecto se inició en 2007 cuando la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, incorporaba esta inversión dentro de su programa electoral. Al año siguiente se colocó la primera piedra de un diseño que buscaba conectar la ciudad de Madrid con el suroeste de la Comunidad a través de casi 15 kilómetros de vías férreas.

La empresa a la que se le adjudicó el trabajo fue OHL y se estipuló la inversión de 362 millones de euros por parte de la empresa, a cambio de un canon de 2,92 € por cada pasajero.

Según recoge una información de El País, en febrero de 2016 el Gobierno regional multó con 34 millones de euros a la sociedad concesionaria por incumplimiento de los periodos de construcción, aunque igualmente dio una prórroga de 16 meses (hasta junio de 2017), y que ahora se prevé que tampoco se cumpla, por lo que abre el expediente de regulación, apoyado por el municipio de Móstoles, y los técnicos calculan una cifra de 300 millones de euros en concepto de daños y prejuicios.

Además, OHL inició un concurso voluntario de acreedores en mayo de 2016 ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspender de manera cautelar la multa de 34 millones impuesta por la Administración. Finalmente, tras años de conflicto y numerosos litigios, la empresa comenzó las actividades pertinentes para retirar la tuneladora que permanecía dentro de las obras, concluyendo así con un proyecto que dejaba una inversión de 238,9 millones.

Reacción de OHL

Desde la empresa de construcción vinculada a Villar Mir, transmitieron el pasado martes su incomprensión ante la decisión tomada por la Comunidad de Madrid y apuntan que el Gobierno regional es dueño de las infraestructuras y que el Ayuntamiento de Móstoles obligó a soterrar las vías, “algo que no estaba previsto”, y que prometieron destinar 50 millones de euros que nunca fueron tal.

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