La Comunidad de Madrid ha reclamado 25 millones de euros al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, por lo recaudado con las tasas judiciales.
Esta petición responde al cumplimiento de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre (“Ley de Tasas Judiciales”), que regula su aplicación de determinadas en el ámbito de la Administración de Justicia.
Fruto de la aplicación de esta norma, la Comunidad de Madrid pasó de ingresar 63 millones en 2012 a 88 en 2013, un incremento que ha ido a parar a las arcas estatales y que debería ir destinado a financiar la Justicia gratuita de la región, creen desde el Gobierno regional. Según el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, “la Ley no se está cumpliendo y es la Comunidad de Madrid, al igual que el resto de las comunidades, la que está asumiendo el coste de ese servicio”.
El Ejecutivo regional reclama al Estado el cumplimiento del artículo 11 de la citada norma, que vincula la tasa judicial a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
En el caso de la Comunidad de Madrid, se recaudaron 25 millones más, en Cataluña 26 y en Andalucía 24. Por lo tanto, si el Ministerio de Justicia aplicara la norma y revirtiera a las Autonomías lo recaudado por las tasas, el Gobierno regional podría hasta cubrir el 80 por ciento de lo que destina anualmente al pago de la justicia gratuita, estiman.
El coste de la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid asciende a 378 millones de euros en los últimos ocho años, lo que se traduce en una media anual de 47 millones de euros, muy lejos de los nueve millones que el Ministerio de Justicia y la Comunidad fijaron cuando se aprobó el traspaso de las competencias en esta materia.
El año pasado la Comunidad de Madrid resolvió 129.969 expedientes de asistencia jurídica gratuita, (un 48,79% más respecto al ejercicio anterior, cuando se resolvieron 84.041 expedientes).
