Se estrena este mes en 2.000 centros educativos de la región sostenidos con fondos públicos y será de obligado cumplimiento.
El protocolo entrará en vigor este mes y conlleva varias fases, tal y como explicaron el lunes vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. La notificación por parte del centro de hechos que pueden ser indicio del problema; recogida de información y entrevistas con la familia, el alumno, o sus compañeros; reunión para analizar la situación, resolución sobre la apertura de un plan de intervención en caso necesario; comunicación a la familia y autorización para derivar al alumno a servicios externos. Por último, envío del expediente a la Dirección de Área Territorial correspondiente y a la Unidad de Convivencia.
Incluyen pautas concretas sobre cómo responder ante los casos sospechosos, tanto de pertenencia a bandas como del consumo de drogas, así como una serie de señales de alarma para que a los equipos directivos y a los profesores y maestros les resulte más fácil descubrirlos.
Con esta iniciativa el Ejecutivo madrileño quiere proporcionar a los equipos docentes «un cauce seguro y adecuado para actuar, con el pleno respaldo de la Consejería». Su contenido permitirá abordar de forma individualizada cada caso en el que se sospeche que el alumno puede estar en riesgo y, a la vez, calibrar la magnitud del problema en cada centro.
Estarán a disposición de los colegios privados, a través del portal web institucional de la Comunidad de Madrid, para que puedan adaptarlos y sumarse a sus indicaciones.
Esta actuación forma parte de la Estrategia Integral para la Convivencia Escolar y ha contado con la participación de las Consejerías de Presidencia; Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades; Cultura, Turismo y Deporte; Sanidad; y Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad.
Asimismo, la región contará con la Unidad de Asistencia Material y Cinológica para la lucha contra las drogas y las bandas juveniles. Permitirá, entre otras funciones, ceder a los ayuntamientos unidades caninas que puedan servir para la vigilancia preventiva en el entorno de colegios e institutos.
Pandilleros
Según una reciente encuesta de GAD3 con 130 centros concertados, 108 públicos y 25 privados de la Comunidad de Madrid, uno de cada tres profesores afirma tener a pandilleros en sus aulas.
Entre las conclusiones destacan que uno de cada tres padres de familias de adolescentes y profesores considera que las bandas latinas son la principal amenaza que sus hijos y alumnos pueden encontrar en sus centros de estudio y barrios, una cifra que está muy por encima de la venta de drogas, la inseguridad ciudadana, los locales de apuestas y juego y el vandalismo adolescente.
Asimismo, tres de cada cuatro padres y nueve de cada 10 profesores consideran que esta problemática ha aumentado mucho y bastante.
Por último, algunas AMPAS solicitan la instalación de arcos detectores de armas en los accesos a los centros educativos.
