La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está llevando a cabo una macrooperación en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León por presuntos amaños en concursos públicos.
Detenido el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Ciudadanos).
A instancia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona, en el marco de la ‘Operación Enredadera‘ ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gepsol S.L. (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales) quien habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local para el tráfico rodado.
Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En concreto, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los ayuntamientos madrileños de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto, Villanueva de la Cañada y Torrelodones. Lo mismo está sucediento en otros del territorio nacional como los de Huesca, Illescas, Lérida, Mollet del Vallés, Oviedo, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, León, Palencia, Teruel, Plasencia y Villaquilambre.
Además, el juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en los consistorios madrileños de Brunete, Aldea del Fresno, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real y Valdemorillo. Junto a ellos, otros en otras comunidades autónomas como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá del Mar, Rubí, La Cistiérnaga, El Puig, Gandía, Logroño, O’ Grove, San Vicent del Raspeig y Vitoria, y en la Diputación de Alicante.
El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF, de la Policía Nacinal. Anticorrupción prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal.
