Así lo ha afirmado el presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, tras la investigación abierta por este organismo.
El presidente ha señalado en la rueda de prensa donde han explicado las conclusiones del informe, que aprecian «graves irregularidades en el proceso» del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, algo que han observado desde este organismo y comparten la decisión de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de enviar el caso a la Fiscalía tras asegurar haber encontrado «indicios racionales de delito».
Según ha relatado, los observadores externos de la investigación abierta el 21 de marzo por la CRUE, José Ángel Contreras (Universidad de Burgos) y Carmen Ruiz (Universidad de Murcia), constataron que hay documentos sobre su expediente que «no obran», en los registros, como el trabajo de fin de máster de Cifuentes. No obstante, no pudieron finalizar su labor por «interrupción de las comparecencias» ante posibles problemas médicos de algunos citados y por el envío del caso a la Fiscalía; entre ellos el director del máster, Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado, Clara Souto (supuestas integrantes del tribunal de fin de máster), ni Amalia Calonge la funcionaria que cambió el ‘no presentado’ por el ‘notable).
Fernández tambien ha señalado que la intervención del rector de la URJC, Javier Ramos, fue en un principio «precipitada». Ramos afirmó inicialmente que Cifuentes aprobó todas las asignaturas de su máster, pero que hubo un error administrativo en la transcripción al registrar las notas.
Además, el presidente de la CRUE ha subrayado que la misión de los observadores era únicamente «vigilar» que la investigación interna de la universidad se estuviera realizando de manera correcta.
También, ha asegurado ante preguntas de los medios de comunicación que si los políticos «dicen que tienen un máster y no lo tienen, me parece un motivo de dimisión de su cargo» si «no está en garantía de demostrar» que lo cursó, y que los hechos que se investigan son de «enorme gravedad».
