Los perros de asistencia a discapacitados podrán acceder a estancias privadas o públicas madrileñas

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perroLos perros de asistencia de personas con discapacidad podrán entrar en todos los edificios, medios de transporte, establecimientos comerciales, centros educativos, laborales y sanitarios de la Comunidad de Madrid bien sean de titularidad pública o privada.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta medida que ha contado el apoyo del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad y de las asociaciones de discapacidad.

Se trata de un proyecto de Ley que garantiza que personas con discapacidad tengan derecho en territorio madrileño a acceder con sus perros de asistencia a cualquier entorno.

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Una normativa que contempla como perros de asistencia los guía, los señal que están adiestrados para ayudar a personas con discapacidad auditiva; los de servicio, adiestrados para ofrecer apoyos en actividades de la vida diaria.

También se incluye a los perros entrenados para avisar de una alerta médica a personas que padecen discapacidad y crisis recurrentes con desconexión sensorial derivadas de una enfermedad específica, como diabetes, epilepsia u otra enfermedad orgánica y, por último, los adiestrados para dar servicio a personas con trastornos del espectro autista.

El derecho al acceso se extiende en el caso de instalaciones acuáticas hasta el margen de la zona de agua. La empresa donde la persona esté empleada deberá adoptar, en caso de ser solicitado, medidas para facilitar la adaptación del entorno laboral a la presencia del perro. Se ha especificado que por el hecho de portar consigo un animal de asistencia no debe incurrirse en actos discriminatorios en los procesos de selección laboral ni en el desempeño de su tarea profesional.

Requisitos y multas por incuplimiento

Todos los perros deberán portar en el collar un distintivo oficial y los dueños del mismo un documento acreditativo. Para llevar a cabo esto la Administración Regional creará un registro específico donde se inscribirán los perros de asistencia y sus usuarios. Esta ley también contempla que aquellos usuarios que provengan de otras Comunidades y otros países, también puedan disfrutar de los derechos y obligaciones previstos en la región durante su estancia.

El no cumplimiento de la normativa acarreará multas graves de 50 a 400 euros, graves de 400,01 a 2.000 euros y muy graves, que se sancionarán con una multa de 2.000,01 a 10.000 euros. Esta sanción prevista no excluye la responsabilidad civil y penal y la eventual indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder al sancionado, de conformidad con la normativa vigente.

Las penas se aplicarán en función a un principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta los criterios de existencia de intencionalidad, la magnitud de los daños causados, la reincidencia o reiteración, la trascendencia social de la infracción, el riesgo producido, el grado de conocimiento que de la actuación infractora tenga el sujeto responsable según su experiencia y actividad profesional, y el hecho de que se haya efectuado requerimiento previo de la actuación infractora.

Redacción

Imagen ONCE

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