Las 26.959 denuncias presentadas suponen la cifra anual más alta desde que se contabilizan estos datos, según la estadística del pasado año hecha pública este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Las cifras revelan que el número de denuncias por violencia de género aumentaron un 25 por ciento en la región en 2017 respecto a 2016 (21.535). Mientras que descendieron un 1,4% los casos en que la víctima se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar.
También se observa como dato significativo el incremento en la región madrileña de 15 puntos en la adopción de órdenes de protección, incluidas las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (tanto de mujeres como de sus hijos e hijas) entre las que sobresalen las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación acordadas.
Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 25.251 (19.715 en 2016, incremento del 28,08%), de las que 10.618 eran extranjeras, un 42%.
En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la Comunidad de Madrid registró 74,45, frente a 66,6 que es la media nacional. Las que más registraron fueron Baleares, con una ratio de 95,6; Murcia, con 87,8; Comunidad Valenciana, con 85,3 y Canarias, con 84,5. Las más bajas fueron Castilla y León y Galicia, con 42.
Algo más de un 69% de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado (839) o a través de atestados policiales (17.816). Las impulsadas por intervención directa de la policía (5.472) se sitúan en el 20,3% de los casos. Las que presentaron los familiares alcanzaron el 1,6% del total. Mientras que los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron casi el cinco por ciento de las denuncias.
En el pasado año hubo en la región 2.946 casos la víctima de violencia de género que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 11,7% en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género en la región, cifra inferior en más de tres puntos a la del año anterior, que fue ligeramente superior al 15 por ciento.
La mayor parte de esas mujeres, 1.583 eran españolas, un 57,3% del total (porcentaje inferior al de 2016), y 1.363 eran extranjeras (46,26%), porcentaje este último que supera en más de tres puntos al del año anterior.
Órdenes de protección solicitadas y concedidas
Durante 2017 se solicitaron 6.313 órdenes de protección en los órganos judiciales madrileños. Un total de 5.739 (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 574 lo fueron en los de guardia.
El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto a 2016 fue de un 8,6%. Un 55% fueron adoptadas (3.150), cinco puntos por encima del año anterior. Sólo el dos por ciento fueron inadmitidas, y se denegó el 43% de las solicitadas (2.496).
En 3.617 casos la víctima era mujer española mayor de edad; en 63, menor de edad; en 609 ocasiones se trataba de extranjeras mayores de edad y en otras 14 menores de edad.
En el 17,70% de las ocasiones el denunciado fue el cónyuge de la víctima; el excónyuge en el 10,63% de los casos; mantenían una relación afectiva en el 32,78% de las veces o habían roto esa relación en el 38,89% de los incidentes de maltrato.
Medidas judiciales penales y civiles
Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, se adoptaron 6.926 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), lo que supone un aumento de 15 puntos respecto al año 2016, ya que ese ejercicio se dictaron 6.018.
Entre las adoptadas destacan la orden de alejamiento, que se concedió en 2.379 casos, y la prohibición de comunicación, en 2.690 ocasiones.
Al mismo tiempo se dictaron 2.478 medidas civiles cautelares, tendentes a la protección tanto de la mujer como de los menores, mientras se resolvía el proceso penal. El número de estas aumentó en Madrid con respecto al año anterior, en el que se acordaron 2.144. Un 37% de las adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 33% resolvieron la atribución de la vivienda.
Un 5,32% (826) supusieron la suspensión de la guarda y custodia mientras que un 3,5% de las medidas (87) tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha señalado que los datos sitúan «por un lado en un escenario en el que es positivo que afloren todas las conductas violentas hacia la mujer y hacia los menores y, por otro, es evidente que nos sacude internamente pues estamos hablando de cifras inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada».
También ha destacado que es «muy positivo comprobar, una vez más, como aumentan las condenas y también resulta satisfactorio ver como se incrementan de nuevo las medidas de protección de las víctimas, sean mujeres o sean hijos o hijas«. Además, cree que los datos son «el fiel reflejo de la sensibilización judicial hacia el fenómeno de la violencia de género».
Finalmente, ha lamentado el incremento de víctimas y el de menores enjuiciados por la comisión de delitos de violencia de género. «Me preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista en nuestros jóvenes, que debieran ejemplificar mejor que cualquier otro segmento social los valores de igualdad, respeto y libertad».
