Así se desprende del informe realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que utiliza para el cálculo del periodo medio de pago la fecha de emisión de facturas o entrega de mercadería hasta su pago efectivo.
La Administración local paga en una media de 64 días y en el sector privado 79 días.
En el primer semestre del año 2016, el periodo medio de pago del conjunto de las Administraciones Públicas ha descendido en casi dos semanas con respecto a los plazos de diciembre de 2015. A cierre del año pasado, el período medio de pago con los autónomos, desde la fecha de emisión de la factura, se situaba en 86 días y ahora, un semestre después se ha reducido en 12 días hasta los 75, según se desprende del informe realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA.
Las comunidades autónomas son las más morosas con los trabajadores por cuenta propia, y ninguna cumple con la normativa, pagando en una media de 85 días, frente a los 30 establecidos porla Ley de Morosidad. Madrid paga en una media de 88 días, lejos de las que antes lo hacen, Navarra y País Vasco, con 41 y 42 días, respectivamente. En el otro extremo se sitúan Extremadura, con 155 días, junto con Aragón, 137 días, e Islas Baleares y Comunidad Valenciana (114).
La Administración central es la que antes liquida sus deudas, y aunque incumple la Ley, paga en una media de 44 días, el mismo periodo que hace seis meses. Mientras, la local tarda algo más de dos meses (64 días), tiempo de espera que se ha reducido en una semana en lo que llevamos de año.
Morosidad privada
Si nos centramos en los periodos medios de pago del sector privado, se comprueba que los plazos de pago entre las empresas, sector privado, se sitúan en 79 días, incumpliendo también los 60 que establece la Ley, y seis días por debajo de la cifra registrada en diciembre de 2015.
Analizado los periodos medios de pago atendiendo al tamaño de la empresa, cabe destacar que las empresas de más de 1.000 trabajadores, que a priori puede parecer que son las que más capacidad tienen parar hacer frente a sus facturas con proveedores, continúan siendo las que más tardan en pagar, demorándose en cuatro meses (128 días) en hacer frente a las facturas que tienen con sus proveedores autónomos.
Como en informes anteriores, cuanto menor es el tamaño de la empresa, menos tardan en pagar las facturas. Así, las empresas que tienen entre 250 y 1.000 trabajadores pagan en 119 días de media. Si descendemos a las empresas que cuentan con entre 50 y 250 empleados, los plazos medios de pago descienden hasta los 73 días y hasta los 58 en el caso de las que tienen entre 9 y 50 trabajadores.
En cuanto a las transacciones entre los propios autónomos y con empresas de menos de 10 trabajadores son los únicos sectores que cumplen con lo que establece la Ley: las transacciones entre los autónomos se sitúan en 45 días y en 48 en el caso de las microempresas, aquellas que cuentan con entre uno y nueve trabajadores a su cargo.
«Desgraciadamente el plazo de pago con las casi triplica lo que establece la Ley. Pese a los avances, debemos plantear acabar con la morosidad como una prioridad absoluta y actuar de forma contundente contra ella. Más allá de la morosidad pública, no tiene sentido que las grandes empresas, con todos sus recursos no sean capaces de cumplir la ley como hacen los autónomos. La morosidad no puede convertirse en una técnica financiera de flujo de caja. Debemos tener tolerancia cero con la morosidad”, concluye Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Para acabar con la morosidad, ATA pide que se pongan en marcha algunas medidas para acabar con la morosidad: crear un cuerpo de inspección que la vigile, establecer un recargo del 20 por ciento automático cuando se superen los plazos de pago legalmente establecidos, un régimen sancionador para aquellas empresas que incumplan de forma reiterada y siempre y cuando responda a malas prácticas, habilitar un buzón anónimo donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple, que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal.
