Las alcaldesas de Alcorcón y Móstoles apoyan las medidas anti-COVID-19 del Gobierno aprobadas por el Consejo Interterritorial

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Natalia de Andrés, Noelia Posse, así como los regidores de Alcalá de Henares (Javier Rodríguez), Fuenlabrada (Javier Ayala), Getafe (Sara Hernández), Leganés (Santiago Llorente) y Parla (Ramón Jurado).

Han firmado un documento conjunto en el que manifiestan que apoyan las iniciativas adoptadas por 13 de las 17 comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad a propuesta del Gobierno de España «con la convicción de que cuanto antes se tomen medidas, más efectivas serán y evitarán adoptar otras más drásticas en el futuro».

Las medidas, que el Gobierno regional ha anunciado que va a recurrir a los tribunales, han sido publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la orden que hace que las restricciones de movilidad aprobadas, sean efectivas. Afectan a municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19 en los últimos 14 días. Las localidades tendrán que presentar un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa realizadas en las dos semanas previas superior al 10 por ciento. Además, la comunidad autónoma a la que pertenezca deberá contar con una ocupación de camas por pacientes en UCI superior al 35 por ciento.

En esas localidades, la movilidad quedará restringida salvo para asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales y asistencia a centros universitarios, docentes y educativos.

Según los alcaldes firmantes, «es muy positivo constatar que por fin existen criterios objetivos que justifican y dan sentido a las actuaciones a desarrollar en nuestras ciudades. Nunca han existido tales criterios objetivos en las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid en función de las zonas de salud, lo que ha provocado falta de equidad y tensiones entre vecinas y vecinos de un mismo municipio. Es positivo además que estos criterios sean de ámbito estatal, aplicables para todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, ya que esta pandemia no entiende de fronteras administrativas».

También señalan «que la actitud de desobediencia frente la normativa adoptada en el Consejo Interterritorial adoptada por la Comunidad de Madrid nos sitúa frente a un grave problema de gestión de la crisis desde un punto de vista social y de convivencia, con vecinas y vecinos confundidos entre lo que establecerá el Gobierno de la Nación y será ejecutado por la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil frente a la “desobediencia” proclamada por las autoridades autonómicas.»

Además, inciden que representan a ciudades de más de 100.000 habitantes, «pero existen índices de contagio acumulados de la misma magnitud e incluso superior en ciudades de tamaño medio con más de 50.000 habitantes (como por ejemplo Collado Villalba 783 de índice de contagio y 88% de las UCI ocupadas)».

En su opinión, «las medidas adoptadas por el Consejo Interterritorial de Sanidad sirven para anteponer como valor fundamental la salud pública ante los terribles efectos de la COVID 19, pero también sirven para defender la economía, ya que si se sigue expandiendo el virus en nuestra comunidad se van a bloquear finalmente todos y cada uno de los sectores económicos y no solo a los que por desgracia sufren un mayor impacto por estas medidas cómo puede ser los relacionados con la Cultura, el Turismo y el Ocio».

Asimismo, exigen «que la Comunidad de Madrid sea solidaria en el esfuerzo y colabore también con el sostenimiento económico de los sectores económicos perjudicados en nuestros municipios y exigimos la creación de un fondo de ‘Apoyo frente a la COVID19’ para los Ayuntamientos. Recordamos que desde el Gobierno de España se ha destinado a la Comunidad de Madrid un fondo COVID19 por importe total de 3.416 millones de euros» y han criticado la gestión del Gobierno regional «por la absoluta incapacidad e irresponsabilidad», «enredado en una sucesión de contradicciones entre sus miembros, con continuos anuncios improvisados e incumplidos de manera sistemática (rastreadores, PCR para los escolares, contratación de docentes y personal sanitario), sin diálogo con los municipios y que ha buscado siempre una continua confrontación con el Gobierno de España».

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