La Policía Local de Villaviciosa de Odón no sabe si dispondrá de pistolas táser este año

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Villaviciosa de Odón
Agentes municipales de 40 localidades de la región recibieron formación el pasado mes de diciembre. (Foto: CAM).

Fuentes policiales han confirmado a Villaviciosadigital que no tienen noticias sobre la formación que deben recibir ni que esté previsto adquirirlas por parte del Ayuntamiento, como sí han hecho otros municipios de la región.

La Policía Local de Villaviciosa no tiene previsto adquirir pistolas táser por el momento. Esta arma da una descarga eléctrica de cinco segundos de hasta 50.000 voltios; al dispararse, del cañón salen dos electrodos rematados por anzuelos que penetran en la piel y se clavan en la musculatura, lo que provoca contracciones de los músculos e inmovilizan al sujeto.

Fuentes policiales han explicado a este periódico que “no saben nada de la formación” para utilizarlas ni si van a contar con ellas este año. Tampoco hay una confirmación del equipo de Gobierno municipal; Villaviciosadigital ha preguntado en varias ocasiones sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta.

Este tipo de arma está contemplada en un proyecto de la Comunidad de Madrid y según normativa son los ayuntamientos quienes deben adquirirlas. En la primera fase formativa, el objetivo es que todos los agentes de nuevo ingreso sean capaces de utilizarlas. La formación ya ha comenzado en otras localidades el pasado diciembre. Por ejemplo, en Boadilla del Monte se extenderá el primer semestre de 2022 para adquirirlas durante el año, según confirmaron desde el Consistorio a Boadilladigital.

La Policía Municipal de Madrid fue una de las primeras de la región en disponer de algo más de 150 pistolas desde mediados de diciembre de 2020, y en España ya las utilizan más de 200 cuerpos municipales y autonómicos.

Normativa y protocolo de uso

En nuestro país están reguladas por el Reglamento de Armas del año 1993, aunque los protocolos de uso no son comunes y cada Policía escribe los suyos; en algunos de ellos se obliga a que lleven una cámara para la grabación de cada intervención. El Reglamento Marco de la organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno regional el 15 de septiembre de 2021, las define como «dispositivo electrónico de control».

En 2020 el Defensor del Pueblo, en su informe como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), advirtió sobre su uso. “La utilización de estos dispositivos causan dolor y sufrimiento y, en determinadas situaciones, su utilización puede ser considerada susceptible de tortura o malos tratos”. Además, recalcó que “el empleo de estas armas debe estar rigurosamente regulado y reservado exclusivamente a aquellos agentes que hayan recibido la capacitación adecuada”, ya que “se pueden prestar a un uso abusivo”. También recomendó que se evite su aplicación en embarazadas, menores y personas vulnerables.

Letalidad y efectos a la salud

La propia compañía estadounidense que las creó y las vende en más de 100 países, reitera con no son letales. Algunos estudios apuntan que sí pueden conllevar consecuencias para la salud, sobre todo a efectos cardíacos. No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional relacionan el uso de estos dispositivos con algunas muertes, pero sobre todo denuncian un abuso y mala utilización. El pasado 1 de diciembre un hombre falleció en Badalona tras ser inmovilizado por los Mossos d’Esquadra con una de ellas.

Por otro lado, sindicatos policiales y Guardia Civil las reclaman abiertamente porque consideran que es un mecanismo adecuado para su defensa. “Esas pistolas son necesarias en la calle cuanto antes”, afirmaron en 2019 desde el sindicato policial Jupol. “En ataques con armas blancas, con un bate de béisbol… la defensa de dotación (la porra) no es suficiente. Y, entre la defensa y el arma de fuego, creemos que este sería un medio totalmente proporcional y mucho menos lesivo para el agresor. “Nos ayudaría y nos daría un cierto tipo de seguridad”.

Hace unas semanas, algunos sindicatos las han vuelto a reclamar, argumentando que el Ministerio del Interior almacena desde hacía 15 meses 600 de estas pistolas que formaban parte de una partida de 1.000, en cuya adquisición gastó 2,1 millones de euros.

MGR / ARC

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