Se inauguró el pasado 4 de septiembre de 2015 con el objetivo de ofrecer asesoramiento e intermediación en materia de vivienda.
La Oficina Municipal de Defensa al Derecho de la Vivienda ha recibido hasta el 5 de octubre un total de 34 consultas de ciudadanos de Móstoles. Durante su primer mes de funcionamiento, han solicitado consulta personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, en concreto quienes están al día en el abono de las cuotas, pero que no van a poder seguir pagando y otras que ya han tenido una ejecución hipotecaria y se encuentran a la espera del lanzamiento. En otras situaciones se trata de personas que viven de alquiler, pero que no van a poder seguir pagando debido a su situación económica, e incluso ciudadanos que viven en habitaciones alquiladas.
En un porcentaje muy elevado, las situaciones de impago de hipoteca o de alquiler están provocadas por la falta de ingresos laborales, por lo que dichas personas han sido informadas acerca de los diferentes trámites que pueden realizar tanto en Servicios Sociales, como en Empesa para el asesoramiento en la búsqueda de empleo. Asimismo, se les ha informado sobre las condiciones para poder solicitar una vivienda en el IMS. En caso de que tengan problemas médicos crónicos, se les ha asesorado de la posibilidad de obtener un certificado de grado de minusvalía en el Centro Base del IMSERSO y desde la propia Oficina se está realizando una labor de seguimiento.
La Oficina Municipal de Defensa al Derecho de la Vivienda se inauguró el pasado 4 de septiembre de 2015 con el objetivo de ofrecer asesoramiento e intermediación en materia de vivienda e informar de las ayudas que, tanto desde la Administración Pública como desde las entidades bancarias, se puedan ofrecer a aquellos ciudadanos que tengan problemas habitacionales y también en casos de posibles desahucios. Se ubica en la planta primera del edificio de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda (calle Independencia nº 12).
En la Oficina, los técnicos valoran individualmente cada caso, solicitando la documentación relativa a su situación para poder informar a los afectados de qué trámites pueden seguir para hacer posibles reclamaciones de cláusulas abusivas, y cláusulas suelos, entre otras circunstancias.
Asimismo, son asesorados sobre las obligaciones de las entidades bancarias en relación a la posible aplicación del Código de Buenas Prácticas. Al estar muchas personas en situación económica precaria, se les ha facilitado los datos del Colegio de Abogados para que puedan solicitar, si lo necesitan, un abogado de oficio. En muchos casos la Oficina se ha puesto en contacto con las entidades bancarias para mediar en nombre de los ciudadanos e intentar encontrar una solución consensuada.
