La Fiscalía pide ocho años de cárcel para José Jover, exalcalde de Villaviciosa de Odón

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Por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de prevaricación urbanística, relacionado con la finca “El monje” o “La Alabada”.

El juicio contra el exregidor, tres concejales y la empresa Pescaderías Coruñesas tendrá lugar el día 9 de febrero a las 10.00 horas en la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita ocho años de prisión para el exalcalde del PP por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de  prevaricación urbanística, según ha informado este viernes.

Tal y como contó Villaviciosadigital en octubre de 2019, junto a Jover se sentarán en el banquillo de los acusados los concejales Joaquín Navarro, David Prieto Giraldes y María Ángeles Méndez, que cuando sucedieron los hechos que se juzgan eran ediles del Partido Popular. Para los dos primeros solicita cinco años y tres meses por un delito continuado de falsedad en documento público, y para la última, cuatro años y seis por un delito de falsedad en documento público. También como acusado, el representante legal de la empresa Pescaderías Coruñesas, para quien pide un año de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, en 1992 la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L adquirió por título de compraventa la finca “El monje” o “La Alabada” que siete años más tarde fue considerada como Espacio Natural Protegido por lo que fue clasificada como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección”. Pese a ello, desde al menos el 23 de abril de 2016  la mercantil Pescaderías Coruñesas comenzó a desarrollar en dicha finca eventos públicos como bodas con asistencia de más de cien invitados y el estacionamientos de vehículos en la zona.

Así, el 2 de julio de 2016 los agentes del cuerpo de la Policía Local de Villaviciosa de Odón comprobaron que hacia las 21.00 horas se estaba celebrando una boda en la finca con unas 135 personas presentes y formularon una denuncia. A raíz de la misma el concejal de Industria y Comercio del Ayuntamiento, Agustín Reguera, incoó, un expediente sancionador por desarrollar la actividad de eventos sin licencia municipal.

Como consecuencia de ello, el exalcalde “con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil Pescaderías Coruñesas, S.L.”, impartió instrucciones verbales tanto a la edil de Seguridad, María Martín, al suboficial jefe de la Policía Local para que, sin su consentimiento, no se realizasen más inspecciones en la finca. Tras la denuncia, la mercantil continuó celebrando otros eventos, por eso el  29 de septiembre de 2016, la también concejal de Medio Ambiente, María Martín, acordó la incoación de expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y la suspensión inmediata de la actividad desarrollada ilícitamente en la finca.

Según la Fiscalía, «no sirvió de mucho» porque Pescaderías Coruñesas decidió “conscientemente” incumplir con la resolución y organizó “al menos” otros dos eventos. En 2017, y a pesar de carecer la correspondiente licencia, la mercantil o mediante empresas vinculadas celebró más actos públicos. Mientras, José Jover, «seguía exigiendo a los policías locales que no acudieran a la finca sin su consentimiento», sin embargo, “a pesar de las órdenes ilegales (..) los agentes continuaron cumpliendo sus obligaciones” .

Paralelamente, el 20 de octubre de 2017 se notificó al Ayuntamiento la Orden nº 3020/2017, del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por la que se denegaba la calificación urbanística solicitada dos años antes por Pescaderías Coruñesas, S.L. para la celebración de eventos en la finca, por lo que seis días más tarde, la entonces concejal de Industria y Comercio propuso acordar el cese de su actividad.

Actas de bodas

El exalcalde, “con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil” procedió, desde el mes de abril de 2016, “no sólo a tolerar la celebración de eventos, singularmente bodas, en la finca, a pesar de conocer que los mismos carecían de la preceptiva licencia municipal, sino a oficiar bodas civiles en dicho lugar, autorizándolas él mismo o disponiendo la asistencia de concejales del Ayuntamiento en quienes delegaba la competencia al efecto”.

Y ello a pesar de que Dirección General de Medio Ambiente comunicó al Consistorio que sólo estaban habilitados por el Ayuntamiento dos locales para la celebración de bodas por el alcalde o concejales delegados: el Salón de Plenos y la Casa-Palacio Manuel de Godoy. La Fiscalía acusa al alcalde de alterar “conscientemente” las actas de celebración de matrimonios haciendo constar “mendazmente” como lugar de celebración dichos locales municipales “cuando en realidad se habían celebrado, en todos los casos, en la finca privada El Monje”.

En la entrevista exclusiva que José Jover concedió el pasado mes de octubre a Villaviciosadigital tras superar la COVID-19, negó la acusación y recalcó que en sus 12 años como regidor, «nadie puede decir» que hubiesen hecho «una gestión indebida en Villaviciosa de Odón».

ARC

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