La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la investigación contra Pilar Martínez por el ‘Caso Lezo’

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La ha eximido junto a los expresidentes madrileños Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González y otras personas de responsabilidad penal en la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

La Fiscalía Anticorrupción registró el pasado miércoles en la Audiencia Nacional un escrito al que ha tenido acceso Villaviciosadigital.es en el que solicita el archivo de la investigación que se venía siguiendo contra Pilar Martínez, la candidata del PP de Villaviciosa de Odón a la Alcaldía que este domingo ganó las elecciones municipales y podría ser la próxima alcaldesa de la localidad. La popular fue declarada investigada (antes imputada) el pasado verano por la Audiencia Nacional y declaró ante el juez el pasado mes de septiembre.

Anticorrupción exime de responsabilidad penal a Martínez, a los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González (aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación), a Edmundo Rodríguez Sobrino; Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y otras 10 personas (incluidos exconsejeros del Gobierno de Gallardón como Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno y Luis Peral; exdirectivos como Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona y Ángel Varona).

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La Fiscalía considera que en la investigación que se inició en julio de 2016, no hay indicios de que Gallardón y otros ocho miembros de su Consejo de Gobierno (incluida Martínez) “conocieran los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría con la compra de Inassa”, y pide que se levante la imputación sobre ellos. Según explica, «la única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de la operación desencadenantes del presunto delito de malversación».

De esta forma reclama al juez instructor Manuel García Castellón que archive las diligencias abiertas, insta a finalizar la investigación y se acuerde auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento).

Sí solicita incluir a un total de 23 personas para su posterior enjuiciamiento por el delito de malversación de caudales públicos en la operación de compra de Inassa. En ellas destacan  los consejeros autonómicos Pedro Calvo y Juan Bravo, porque formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II cuando tuvo lugar la compra, y otros integrantes del mismo que en 2001 votaron a favor de la adquisición de Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

En la solicitud de la Fiscalía incluye también al que fuera director gerente del Canal, Arturo Canalda; los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras u otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores como Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

Considera que la adquisición de Inassa estuvo «plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta», pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de Inassa y el 51 por ciento de la sociedad dominicana Watco, «provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio» para la Comunidad de Madrid.

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