La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias para investigar el contrato de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso

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Fiscalía Anticorrupción mascarillas

Según ha avanzado Europa Press, la institución ha decidido iniciar el proceso tras los escritos presentados por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que abre diligencias de investigación sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas vinculado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, han informado Europa Press y el Diario.es.

La institución reconoce la necesidad de “confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”. Además argumenta la apertura de la investigación «por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución» y por «la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias».

Por el momento no tienen indicios de la responsabilidad de la presidenta para llevar el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo (ya que Isabel Díaz Ayuso es aforada), pero deberán hacerlo si los encuentran en la investigación preliminar.

Las diligencias se centrarán en “la adjudicación del contrato, así como en los movimientos bancarios y declaraciones fiscales de Tomás Díaz Ayuso”. Anticorrupción tiene ahora seis meses para tomar declaraciones a los posibles implicados. Y, en caso de que vean un delito, realizarán una denuncia ante los juzgados o archivarán el caso.

Denuncia

Hasta hoy, Anticorrupción había estudiado las tres denuncias presentadas el viernes pasado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Los partidos pidieron que se estudiara y comprobara si hubiera incurrido en delitos como cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos.

La presidenta defendió que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario. Recalcó que «es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», en una actividad laboral privada de su hermano.

Asimismo, en un evento el lunes en Boadilla del Monte, volvió a declarar que conoció ese contrato «un año y medio más tarde» y que «nadie de su Consejo de Gobierno intervino en la adjudicación del mismo». Allí afirmó que colaborará en el proceso enviando toda la documentación relacionada con el contrato.

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