La fiscalía pide la imputación de los gobiernos de Parla dirigidos por Tomás Gómez y José María Fraile, por aprobar modificaciones superiores a 40 millones de euros en las obras del tranvía de la localidad, según una información de El País.
El Partido Socialista de Madrid (PSM) presenta ante el Juzgado número 5 de Parla, un escrito en el que se pide archivar el tema de la adjudicación y construcción por considerar que, se trata de una campaña de desprestigio organizada por el Partido Popular para intentar impedir el cambio de Gobierno en la Comunidad.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha insistido hoy en que los últimos equipos de Gobierno de Parla deben explicar qué ha pasado con el tranvía y a dónde ha ido a parar el dinero.
La construcción ferroviaria fue adjudicada en mayo de 2005 por 108 millones de euros (iva incluido) y en cuatro años, se aplicó un sobrecoste del 37,96% a la cuantía anterior; de ellos, 25 millones fueron aprobados por Tomás Gómez al frente de la Alcaldía y el resto con José María Fraile, tres años más tarde.
Los socialistas argumentan que el proceso de adjudicación y licitación de las obras del tranvía de la localidad madrileña fue controlado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Por esta misma razón, creen que quien debe responder a las acusaciones de sobrecoste es la empresa en cuestión no, el Ayuntamiento de Parla, gobernado en ese momento por Gómez, actual secretario general del PSOE madrileño y candidato al Gobierno regional, y posteriormente por Fraile, imputado en la Operación Púnica .
Para demostrar lo cierto de sus afirmaciones, explican que la entidad Euroconsult SA fue contratada por el Consorcio para vigilar, inspeccionar y coordinar el materia de seguridad, el buen desarrollo y desempeño de las obras ferroviarias. Asimismo, señalan que el coste estimado de 125 millones de euros también fue decisión de Transportes de Madrid y, aprobado en junta de gobierno.
El PSM cree que el Partido Popular teme los resultados electorales de las próximas elecciones y es por este motivo, por lo que ha orquestado una campaña de desprestigio con el objetivo emborronar la imagen de los socialistas. Además, consideran que éstas acciones son fruto de las críticas que vertieron ante la externalización sanitaria que anunció el PP.
Las fiscalia pedirá además la imputación de otros 10 concejales socialistas, algunos de ellos implicados en la ‘OperaciónPúnica’: Wilfredo Jurado, responsable de Urbanismo entre 2003 y 2007 y actual abogado del partido, la diputada regional y secretaria de la Administración Rosa Alcalá, la edil Victoria Muñoz, presente en ambas Juntas de Gobierno, Pablo Sánchez Pastor, candidato del PSOE para Parla en las elecciones municipales de 2015, entre otros cargos.
Diana García Fran
Foto: CAM
