La Comunidad de Madrid recurre a la justicia Madrid Central por «anomalías» y por afectar a competencias autonómicas

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El presidente regional, Ángel Garrido, con el recurso que han presentado contra Madrid Central. (Foto: CAM).

El presidente regional, Ángel Garrido, dio a conocer este miércoles la acción judicial que la Abogacía General autonómica ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que piden la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de la capital, aprobada por el Pleno el pasado 5 de octubre y que está prevista que entre en vigor el próximo 30 de noviembre. 

Tal y como anunció hace unos días Garrido, el Gobierno regional ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra Madrid Central alegando que carece de los trámites e informes previos obligatorios, que afecta a competencias autonómicas en materia de transporte y medio ambiente y no haber sido sometida a información pública.

Con esta acción judicial piden la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que aprobó el pasado 5 de octubre el Pleno del Ayuntamiento, conocida como ‘Madrid Central’, y la suspensión cautelar de su entrada en funcionamiento, prevista para el próximo 30 de noviembre.

Asimismo, Garrido anunció en rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el vicepresidente regional, Pedro Rollán, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, que en los próximos días presentarán otro recurso en los Juzgados de los Contencioso-administrativo para que se anule el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 29 de octubre que aprobó Madrid Central.

En relación al recurso que han presentado ante el TSJM, destacó que reconocen que el Consistorio de la capital tiene competencias en movilidad, pero que Madrid Central «afecta a la gestión de competencias autonómicas, por lo que hubiesen requerido de solicitud de informes previos a las Consejerías competentes en dichas materias».

En cuanto a los aspectos técnicos, creen que «no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad, según los últimos informes de calidad del aire del propio Ayuntamiento», ni contempla medidas como carriles de acceso preferente para autobuses interurbanos en las principales vías de penetración a la ciudad o el establecimiento deaparcamientos disuasorios.

También consideran que no hay una memoria de impacto normativo ni económico para ciudadanos ni comerciantes, así como otro en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para las que no se reservan plazas de aparcamiento establecidas por normativa. Afirman que no se ha sometido a información pública y audiencia, que debería incluir a los municipios limítrofes, ni se incluyen acciones que garanticen su aplicación eficaz evitando el colapso del tráfico.

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