La Comunidad de Madrid destina a gasto social menos que antes de la crisis

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Ha destinado un 5,5 por ciento menos en 2018 respecto al año 2009 y es una de las más lo ha bajado en España.

Según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que se basa en datos del Ministerio de Hacienda sobre la liquidación de presupuestos (2007-2017), definitivo (2018) e inicial (2019), y del Instituto Nacional de Estadística para
datos de población.

Los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales) en España cuentan con menos dinero por parte de las administraciones públicas. Concretamente, un gasto social autonómico en 2018 un 0,4 por ciento inferior al de 2017 y un 3,6% menos que al inicio de la crisis.

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Desde esa asociación apuntan a la «ausencia de presupuestos» estatales y el «factor de deuda», lo que sigue generando una «tensión presupuestaria extraordinaria en las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos esenciales».  La situación actual es que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fue 2.420 €, un 4,54% inferior al de 2009, que fue 2.535 €. De la misma manera, el porcentaje sobre el
presupuesto total que se destina a protección social, que en 2009 era el 6,9%, en 2018 ha sido del 60,7%, «lo que pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado».

Hay «importantes diferencias» entre comunidades en su gestión de la crisis y en el gasto social, han indicado. Nueve de ellas que han conseguido superar en 2018 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Baleares (+9,6%), C.Valenciana (+6,5%), Cantabria (+5,6%), Asturias (+5,4%), Castilla y León (+4,8%), País Vasco (+3,7%), Navarra (+2,6%), La Rioja (+2,1%) y Extremadura (+1,9%). Por el contrario, Cataluña acumula una disminución del 21,7% y Castilla-La Mancha del 13,8%. También Canarias, con un 5,6% y la C. de Madrid, con un 5,5%, acumulan disminuciones destacadas.

Estos contrastes de gasto se dan también por habitante entre unas y otras comunidades autónomas; así tanto País Vasco como Navarra superan los 3.000 € anuales, mientras
que, en las de régimen común, esta cifra oscila entre los 2.100 y los 2.600 euros.

Desde la asociación indican que «los servicios públicos esenciales de nuevo en peligro», pese a que «se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos». Vaticinan un escenario sin cambios sustanciales «al
menos, hasta 2020».

Para subsanar esto, creen necesario «el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la
educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas urgentes
que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios», ya que «el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y
de la falta de talla política».

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