El plan de la ministra de Educación, Isabel Celaá, es «inviable desde el punto de vista de los espacios y del profesorado», ha asegurado el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio.
Madrid y País Vasco fueron las dos comunidades autónomas que no firmaron este jueves el documento de 14 puntos del borrador del real decreto que el Ministerio de Educación presentó en la Conferencia Sectorial. La idea esencial de ese texto de Isabel Celaá es que el curso escolar 2020-2021 sea presencial (salvo repunte de la pandemia) para la mayoría de estudiantes y, especialmente, los menores de 10 años. Las clases comenzarían en septiembre y con 175 días lectivos y recomiendan un máximo de 20 estudiantes por clase.
Los colegios tendrán que poner en marcha protocolos para atender las nuevas medidas sanitarias generales, como la higiene y la distancia de un metro y medio entre los alumnos, aunque se suprime en los menores de 10 años, porque según la ministra las últimas investigaciones científicas reducen la capacidad de transmisión del virus en la infancia. Sin embargo, no incluye medidas que favorezcan la presencia de más profesores u otros profesionales en las aulas, aunque desde el ministerio han impulsado una ayuda de 2.000 millones para que los Gobiernos autonómicos lo destinen a recursos humanos.
De esta forma, las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia de educación, deben poner en marcha actuaciones para llevar a cabo ese inicio de curso y con esas circunstancias.
Para Enrique Ossorio el plan del Ejecutivo central “no resuelve el problema de los espacios, el número de alumnos por aula o el incremento del profesorado necesario para atender a la nueva situación”. Tampoco «contiene la obligatoria colaboración del Ministerio a la hora de flexibilizar numerosas normas sobre adaptación de las programaciones didácticas o los horarios, algo que es absolutamente necesario para el curso 2020/21, dada la forma en que el Ministerio plantea el nuevo curso”.
Asimismo, Madrid cree que el borrador presentado por Celaá “obliga a las Consejerías de Educación a establecer medidas de muy complicada aplicación en nuestro sistema educativo, por ejemplo, en materia de espacios y de número de alumnos por aula, con cambios profundos para los alumnos y el profesorado”. Además, Ossorio ve insuficiente los 2.000 millones para gestionar los recursos humanos.
La propuesta de la Comunidad de Madrid pasa por tener previstas «diferentes posibilidades para la vuelta al curso «lo más normal posible», en función de las circunstancias sanitarias. «La redacción del Real Decreto Ley nos lleva a convulsionar el sistema educativo en el inicio del curso 2020/21, probablemente sin necesidad”, ha concluido.
