La Audiencia Provincial absolvió a Pilar Martínez al entender que no cometió delito medioambiental en una finca familiar

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Fue emitida el pasado 15 de marzo y apunta a que la Fiscalía no acreditó que la candidata del PP a la Alcaldía de Villaviciosa de Odón fuera promotora o constructora de unas construcciones ilegales en la finca ‘Las Lobosas’, situada el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama.

Tal y como anunció el pasado viernes Pilar Martínez en un comunicado del que informó Villaviciosadigital.es en la noticia sobre su nombramiento como candidata popular a la Alcaldía del municipio, la Audiencia Provincial de Madrid (AP) la ha absuelto de un delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 319.1 del Código Penal, por el que la Fiscalía pedía cinco años de prisión.

La sentencia de 32 páginas a la que ha tenido acceso este periódico, argumenta su decisión en base a que «no se ha aportado prueba alguna que acredite que los referidos acusados (la propia Martínez, uno de sus hermanos y otra persona) además de ser ‘usuarios’ de las mismas (la finca), fueran promotores o constructores de las mencionadas construcciones, para poder ostentar la condición de sujetos activos del delito», algo que sí ha apreciado en uno de los hermanos por unas contrucciones que realizó entre el 8 de julio de 2014 y el 14 de agosto de 2016) al que condena por ese delito a prisión de nueve meses e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio en el sector de la construcción durante ese periodo.

Los hechos por los que se juzgó a las personas absueltos tuvieron lugar “en fecha no determinada” entre el año 2006 y el 11 de abril de 2014. Martínez y las otras dos fueron consideradas por la Fiscalía como «usuarios» (denominado excursus previo) de la finca familiar ‘Las Lobosas’, situada en dos parcelas de los términos municipales de Villaviciosa de Odón y Móstoles, y es precisamente ese término uno de los que ha tenido en cuenta la Audiciencia Provincial para su fallo, ya que considera que «no ha quedado acreditado que intervinieran los otros coacusados, pretendiendo, en vano, la acusación pública enlazar estas últimas obras con las anteriores, realizadas por un sujeto activo diferente y con un intervalo temporal notable, para incluirlas dentro de un único delito permanente».

La AP también manifiesta en el fallo la «inaptitud de que los meros ‘usuarios’ para ser sujetos activos del delito, y la falta de prueba de que promovieran la ejecución de las obras mencionadas, conduce, en aplicación de los principios de la presunción de inocencia y del ‘in dubio pro reo’«, es decir, si existe duda, absolver; en este caso por el hecho de que las pruebas de la Fiscalía no haya demostrado que Martínez hubiera sido la constructora, promotora o técnica-director, algo que el tribunal recalca que sí hizo el padre de Martínez, fallecido el día 11 de abril de 2014, ya que «era quien gestionaba y tomaba las decisiones» (como corroboraron dos testigos).

Finalmente, la sentencia se basa también en la prescripción del delito: «la mayor parte de las construcciones datan de antes de 2011 (concretamente, de 2008 y 2007) y la acción penal contra los acusados es de enero del 2017, de manera que transcurrió el plazo de prescripción de cinco años establecido por la normativa.

Este fallo es susceptible de recurso de casación que se puede interponer conforme a los artículos 854 y 855 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dentro de los cinco días siguientes a su última notificación escrita.

IARC

 

 

 

 

 

 

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