El Grupo municipal de Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón ha señalado en un comunicado que en junio de 2016 solicitaron las licencias de actividades en la finca Aldaba.
Esta semana la Fiscalía de Móstoles ha dado a conocer que se ha querellado contra el alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover, y cinco concejales (algunos de la oposición) por presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad y falsedad en documento público, tras una denuncia interpuesta el pasado mes de septiembre por VOX Villa. Unas acusaciones que ha negado el regidor.
Por eso, desde IU apuntan a que la situación de la finca Aldaba «no es nueva», e indican que «lo curioso es que haya tardado tanto en ser tan notorio». En este sentido han incidido en que ellos solicitaron las licencias de actividades en junio de 2016 y que en septiembre del mismo año preguntaron al alcalde en el Pleno, en una sesión en la que recordaron que el Ayuntamiento «era conocedor de la situación irregular de la actividad en dichas instalaciones desde hace tiempo y no realizó ninguna acción para restablecer la legalidad», y esto pese a que «al parecer la familia de un concejal del equipo de Gobierno celebró un evento en estas instalaciones cuando debería conocer la situación administrativa de las mismas», tal y como está reflejado en las actas de esa sesión.
Además, IU indicó que «en la página web donde se anuncia la oferta de organización de eventos en la finca figuraba una imagen donde se observaba al actual alcalde oficiando una boda». Jover contestó a la formación de izquierdas «que se remitió un informe del Ingeniero municipal a la Dirección General de Urbanismo, que señala que el Plan General no prohíbe expresamente esta actividad y que se estará a lo que diga la Comunidad de Madrid en la calificación urbanística que debe expedir».
IU también preguntó al alcalde en esa sesión si era verdad que había ordenado a la Policía Local no intervenir en esa finca. Jover lo negó y añadió «que hace tiempo dio una
instrucción general a la Policía Local para que acudiera a estos locales cuando hubiera
una denuncia para no interferir en la actividad privada».
Finalmente, la formación de izquierdas se remite a la justicia, «que es quien tiene que ejecutar la sentencia». Y recalca que «los ataques gratuitos y los juicios de valor están fuera de lugar cuando lo hay que dejar del todo claro es que el único y total responsable de esta situación es el alcalde».
