IU «exige» la dimisión del alcalde de Villaviciosa de Odón tras ser declarado investigado

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IU con bandera palestinaIzquierda Unida del municipio «exige que José Jover, alcalde de Villaviciosa de Odón, presente su dimisión inmediata», ante el auto del juez Pablo Ruz, en el que le declara investigado por un presunto delito de coacciones y de revelación de secretos, y que se ha conocido este miércoles.

Creen que el alcalde «contamina» el nombre de Villaviciosa de Odón y su Ayuntamiento.

Desde la formación de izquierdas han señalado en un comunicado que ante la decisión judicial del juez Ruz, del juzgado número 4 de Instrucción de Móstoles, IU «entiende» que «obliga al alcalde a dimitir, puesto que, en opinión de este partido, «no resulta aceptable que el máximo representante» del municipio «siga contaminando el nombre de Villaviciosa de Odón y su Ayuntamiento».

Ruz admitió la querella que interpuso el pasado día 26 de febrero el que fuera director de La Prensa de Villa, Miguel Ángel Prieto, contra el alcalde de Villaviciosa de Odón y presidente del PP en la localidad, por presuntos delitos de coacciones (artículo 172 del Código Penal) y revelación de secretos (arts. 417 y/o 197 CP, tras una carta que envió el regidor al periodista y nueve anunciantes de éste.

Desde IU han recordado que, ante la misiva enviada por Jover, ellos señalaron en julio de 2014 que resultaba “a todas luces inadmisible, que el alcalde envíe cartas amenazantes al director de un medio de comunicación local, por no estar de acuerdo con sus publicaciones», por lo que ya pidieron la dimisión.

También creen que «son conocidas las actitudes prepotentes y caciquiles» del alcalde, «intentando siempre reprimir por todos los medios a todo aquel que discrepe con él». Apuntan también a que el portavoz municipal de IU, Juan Miguel Belmonte, «en el ejercicio de su función, ha sido amenazado varias veces con denuncias y querellas que no han sido nunca llevadas a efecto».

Asimismo, indican que Jover «ha ejercido un autoritarismo visible ante algunos trabajadores municipales, imponiéndoles arbitrariamente sanciones con pérdida de empleo y sueldo, y que han sido posteriormente anuladas siempre por los tribunales».

 

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