En la Diócesis de Getafe hay 315.000 hogares por debajo del umbral de la pobreza

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Cáritas pide con urgencia una ley en la Comunidad de Madrid que «garantice el derecho humano a una vivienda adecuada».

En la la Diócesis de Getafe que cuenta con una población de 1,3 millones de habitantes, distribuidos en 48 pueblos, entre los que están localidades como Villaviciosa de Odón, Móstoles o Alcorcón, hay 315.000 hogares por debajo del umbral de la pobreza una vez afrontados los pagos de la vivienda y 219.000 en situación de vivienda inadecuada, según datos recogidos por la Fundación FOESSA, en su último Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid 2019.

Es una de las realidades a las que se enfrentan los municipios del sur de la Comunidad de Madrid, según ha explicado en una nota Cáritas Diocesana de Getafe, en la que, con motivo del Día de las Personas Sin Hogar del próximo 31 de octubre, cuyo eslogan es ‘¿Sin salida?’, dedican este mes a informar y denunciar con diferentes actuaciones sobre las variadas formas de sinhogarismo existentes.

A nivel nacional, en base a datos recientes aportados por Cáritas y la Fundación FOESSA en su último informe, las personas en exclusión severa superan los seis millones. Por todo ello, Cáritas Diocesana de Getafe pone de manifiesto «la necesidad urgente de políticas públicas suficientes y de un sistema público de provisión de vivienda más garantista de nuestros derechos».

En su opinión, se trata de «una grave situación de la vivienda a la que se enfrentan miles de personas y familias que ven vulnerado sistemáticamente este derecho humano en nuestra región». También apuntan a que la COVID-19 «ha visualizado que los sistemas de cuidado y protección actuales no están siendo ni los suficientes ni los adecuados para sostener a las personas más vulnerables, ya que ha multiplicado los factores de exclusión social relacionados con la vivienda, al carecer de un hogar donde poder refugiarse, cuidarse y recuperarse».

Cáritas sigue recordando que falta un sistema de protección social, lo que está provocando en la Diócesis de Getafe las diferentes situaciones consideradas como sinhogarismo y exclusión residencial: situación de calle, infravivienda (asentamientos), hacinamiento en habitaciones, caravanas, vivienda insegura, ocupaciones, y la dificultad de acceder a unas condiciones de vivienda estable.

Ponen como ejemplo la situación de «desprotección y vulnerabilidad», en la que viven las más de 1.000 personas del asentamiento de Las Sabinas en Móstoles, que aún continúan sin acceso, ni abastecimiento de agua potable, a pesar del conocimiento de la situación por parte de los organismos competentes y del Defensor del Pueblo.

Asimismo, consideran que estos problemas se acentúan más en los municipios de nuestro territorio con más de 100.000 habitantes. Y según los datos de la memoria de Cáritas Diocesana de Getafe del 2020, el 72,96 por ciento viven de alquiler o en régimen de realquiler.

Albergues
Cáritas Diocesana de Getafe pone de manifiesto la necesidad de construir otros centros para personas sin hogar en el sur de la Comunidad de Madrid, al estar su albergue de Aranjuez siempre completo, y tener lista de espera para la acogida. El único en el sur de la región, es el de San Vicente de Paul que gestiona Cáritas. Recibe de forma cotidiana derivaciones de casos desde las concejalías de servicios sociales de los diferentes consistorios del sur de la Comunidad de Madrid, recuerdan.

También proponen dos líneas de actuación. Por una parte, acciones de intervención directa ante emergencias; y por otro lado propuestas destinadas a garantizar el derecho a una vivienda digna como una ley de derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, que incluya la universalidad en las situaciones de emergencia; los derechos humanos
a la energía, agua, saneamiento e Internet como interrelacionados con el derecho a una
vivienda adecuada; aumentar la oferta de viviendas de emergencia social y en alquiler social; incluir mejoras en el Plan de Vivienda regional y dotarlo de presupuesto económico
suficiente y acorde a la gravedad del problema; agilizar los procesos de realojo de las personas que se encuentran en infraviviendas.

 

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