En 2020 descendieron más de un 20 por ciento las disoluciones matrimoniales en la Comunidad de Madrid

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En comparación con 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este lunes.

En el contexto de la pandemia por la COVID-19 todos los tipos de demanda de disolución matrimonial presentadas en el año 2020 en la Comunidad de Madrid mostraron importantes reducciones interanuales, con una disminución conjunta del 20,21 por ciento respecto a 2019.

En concreto, las 6.563 demandas de divorcio consensuado fueron un 17,1 por ciento menos que las de 2019; las 4.467 por lo contencioso, un 23,9 % menos; las 335 de separación consensuada, un 28,1 por ciento menos; y las 125 contenciosa, un 15,5 % menos. En 2020 se presentaron en la región 15 demandas de nulidad frente a las 14 presentadas en 2019.

Aunque es el sexto año consecutivo de tendencia en el descenso de las demandas de disolución matrimonial, la disminución de éstas en 2020 ha sido mucho más acusada que en ejercicios anteriores: en 2019, la bajada fue del 2,3 por ciento, con decrementos del 3,1 % en los divorcios consensuados, del 1,1 % en los divorcios contenciosos y del 22,5 % en las separaciones contenciosas. Sólo en las separaciones consensuadas el aumento fue del 4,5 en relación al año 2018.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020 se aprecia que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en las Canarias, con 23,6. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 23,5; Islas Baleares y Murcia, con 22,4; Andalucía, con 21,4; Cataluña, con 20,6; Cantabria, con 20,4 y Asturias, con 20,2. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 20 demandas de disolución matrimonial por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades autónomas que se situaron por debajo de esa media fueron Castilla y León, con 16,4; País Vasco, con 16,8; y Aragón, con 16,9. 

En 2020 se presentaron 1.315 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 2,2 por ciento menos que el año anterior; y 4.040 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 13,3 por ciento menos que en 2019. Las demandas de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que sumaron 2.159, disminuyeron un 4,2 por ciento respecto al ejercicio anterior; mientras que las no consensuadas, 3.201, experimentaron una reducción interanual del 16,2 por ciento.

Datos del cuarto trimestre 

En el cuarto trimestre de 2020, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios, aumentaron en su conjunto, en contra de lo que había ocurrido en los trimestres anteriores, un 1,7 por ciento.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 aumentaron las demandas de separación no consensuadas y los divorcios consensuados, y disminuyeron las demandas de separación consensuada y los divorcios no consensuados.

Las 2.334 demandas de divorcio consensuado fueron un 14,4 por ciento más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 1.451 de divorcio no consensuado bajaron un 11,7 por ciento.

Por lo que respecta a las separación, las consensuadas, de las que se presentaron 106, disminuyeron un 29,8 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, y las 40 no consensuadas representaron un 37,9 por ciento más.

El número de demandas de nulidad, cinco, fue un 66,7 por ciento más que las presentadas en el cuarto trimestre de 2019.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del trimestre con la población a 1 de enero de 2020, puede verse que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se produjo en la Comunidad Valenciana, con una tasa media de 7. Le siguieron Islas Baleares, con 6,8; Canarias, con 6,6; Murcia, con 6,5; Cataluña, con 6,3;  y Andalucía, Asturias y La Rioja, con 6,2. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 6,1.

Por debajo de esa media se situaron Aragón, con una tasa media de 4,6; Castilla y León, con 4,9; y Extremadura, con 5.

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